El abogado Guillermo Mulet, denunciante en la causa conocida como “de las cosechadoras truchas” criticó el sobreseimiento de todos los imputados.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Mulet admitió que le “cayó mal” el sobreseimiento y consideró que “es un fallo muy liviano, con un análisis jurídico inexacto y con muchos errores”.

“Me parece hasta sospechoso porque pasaron varios jueces por esa causa, y con todos los que había hablado como denunciante me hablaron de la falta de avales para conseguir las cauciones y demás cuestiones, hasta que termina saliendo este fallo sobreseyéndolos a todos y haciendo una recomendación que el problema estuvo en la laxitud de los controles por parte del Estado, pero que habían controlado”, cuestionó.

Advirtió que “lo cierto es que acá hay un daño patrimonial grave, que era de un 1.200.000 dólares al momento de los créditos que asigna (el ex gobernador Sergio) Urribarri y terminaron cobrando hace poco tiempo  cuatro millones de pesos es decir que había una diferencia de 70 u 80 millones de pesos por el cambio del dólar”.

Explicó que “se les asigna un crédito del Finver con un fondo de caución otorgado por el Instituto del Seguro, por una empresa estatal, y ese seguro de caución no apareció nunca; cuando yo denuncio desde el primer momento que esa póliza de caución estaba mal otorgada y que se averigüen los avales”. “Como también denuncié que en el momento del incumplimiento deberían haber ejecutado la póliza de caución pero inexplicablemente el fiscal de Estado nunca ejecuta el seguro de caución”, denunció.

En ese sentido, planteó que “el único fiscal que trabajó durante los primeros años hasta que lo pasaron a otra Fiscalía fue (Gervasio) Labriola, que llevó la causa correctamente hasta que después decidieron ponerla a dormir el sueño de los justos, como hacen con estas causas en Tribunales que las cajonean”.

Consideró que “lo que corresponde es apelar este fallo del juez de Garantías, porque es una obligación del Ministerio Público Fiscal” pero criticó que “durante cuatro o cinco años ningún fiscal movió la causa, y eso está en el expediente”.

De todos modos, aclaró que “esto se llevó adelante por el viejo Código donde el juez de instrucción es amo y señor de la causa, esto no es culpa del Ministerio Público Fiscal, es una crítica que con mayor control y seguimiento no hubiese pasado tanto tiempo –porque acá a nadie le importó- y además no sé si con un fiscal al lado el juez se hubiese animado a sacar este fallo”.

En este contexto, el  abogado explicitó que “el seguro de caución lo que hace es determinar el resultado, si no se cumple ese resultado se gatilla el seguro de caución y la aseguradora paga porque la persona no cumplió y acá hay dos cuestiones: que no se haya cobrado inmediatamente y cómo le dieron el seguro de caución porque no tenía nada a su nombre esta persona”. “Ahora resulta que esa empresa hace un solo prototipo que nunca funcionó, deja una tonelada de acreedores, quiebra, pasa todo este tiempo y nadie cobra el seguro de caución, y parece el seguro de caución porque allanan el Instituto del Seguro, y eso al juez le parece normal”, apuntó.  

Asimismo, advirtió que “el daño patrimonial que sufrió la provincia por no haber cobrado en tiempo y forma y porque no se cumplieron las condiciones del contrato por las cuales se otorgaron los créditos sería de unos 30 o 40 millones de pesos”.

Dijo tener “expectativas” en la apelación “si las Cámaras actúan bien y los jueces de cámara analizan el fallo, porque es muy malo, jurídicamente hablando es muy playo; es prácticamente un copie y pegue y no tiene un análisis jurídico apropiado, y además hay errores en cuanto a lo que es el análisis de la figura de defraudación”.

Al respecto, planteó que “puede haber delito por comisión o por omisión, porque cuando uno tiene la obligación de controlar y de llevar adelante todas las medidas para cuidar bienes que no son propios –y sobre todo si son del Estado- se puede cometer un delito por omisión, que es lo que entiendo que varios funcionarios pudieron cometer”.

Los ocho imputados fueron sobreseídos.

Causa Grandes Máquinas: dictaron el sobreseimiento de todos los imputados

Cuarentena y causas de corrupción

En otro orden de cosas, Mulet sostuvo que en esta etapa de pandemia y aislamiento obligatorio el trabajo “se está moviendo todo a través de los sistemas informáticos y con poca actividad”.

En ese marco, informó que en la causa por irregularidades en las obras públicas de Santa Elena “al asumir (Domingo Daniel) Rossi revocó el poder que me habían otorgado para actuar como actor civil, así que la causa no sé cómo seguirá”. “El doctor Alfieri insistía con la elevación a juicio a lo cual con miles de chicanas se están oponiendo los defensores”, indicó.

Del mismo modo, sostuvo que la causa contra el ex intendente de Crespo, el peronista Ariel Jesús Robles, por el presunto delito de peculado al utilizar subsidios para realizar campaña electoral “está en proceso de elevación a juicio por defraudación a la administración pública”.

Y acotó que “hay una norma del Código Procesal Penal por la cual los municipios no pueden ser querellantes y el intendente (Darío) Schneider no permitió que nos constituyéramos como actores civiles en esa causa; así que todavía está en proceso de elevación a juicio después de cuatro años”.