N.B. de ANÁLISIS

“Fui a la Secretaría de Hacienda y dije que en esas condiciones no se podía pagar”, declaró Rubén Aníbal Correa. Esa decisión del contador frenó el trámite de adelanto financiero que quiso hacer la Municipalidad de Paraná a la Mutual Modelo en enero de 2016.

Correa es subtesorero desde hace unos 20 años. Ingresó al municipio en el ‘88 y pasó por varios cargos antes de llegar al actual. Este martes fue indagado por las fiscales Patricia Yedro y Cecilia Goyeneche, en el juicio oral que intenta probar presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. En concreto, las representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) apuntan a un adelanto financiero por parte de la Municipalidad de Paraná a la Mutual Modelo por $1.500.000. El delito investigado es en grado de tentativa, porque el crédito nunca se entregó.  

En la causa están imputados el ex intendente Sergio Varisco, el ex secretario de Legal y Técnica, Walter Rolandelli; y el titular de la Mutual Modelo, Miguel Picazzo.  

Yedro le consultó a Correa sobre el expediente en cuestión. “Tenía que constituirse una garantía para el reaseguro del cobro de ese adelanto”, marcó el contador, en referencia al trámite que había llegado a su oficina sin esa caución. El profesional estaba a cargo del área en ese momento porque quien ocupa el puesto más alto, estaba de licencia. El pedido específico para constituir una garantía de cobro, motivó que el trámite volviera a Hacienda (una oficia anterior a Tesorería) y, finalmente el adelanto financiero solicitado no se concretara. “Consideramos que no se pagó porque no se había constituido la garantía”, remarcó.

“Las actuaciones llegaron completas, el legajo con la orden de pago”, dijo Correa y agregó que la papeleta iba acompañada de un informe del contador municipal Eduardo Campdesuñé (que declaró este lunes). “Él nos consultaba por una garantía”, recordó y añadió: “Yo creía que había que asegurar el recupero de ese dinero a favor del municipio”. Reconoció que había “otras formas de garantizarlo” como por ejemplo con “las retenciones a empleados municipales”. Pero que el expediente no contara con esa salvaguarda, hizo que Correa fuera hasta la Secretaría de Hacienda y dijera que “en esas condiciones no se podía pagar”.

–¿Hay antecedentes? –preguntó Yedro.

–Sí. Para nosotros no era una operatoria rara, ya se había dado en numerosas ocasiones en el municipio, por ejemplo entre 2007 y 2008. Tengo presente un motivo, cuando se autorizó el código de descuento y los empleados venían con problemas (gastaban más de lo que podían), se puso un límite a los descuentos, las mutuales no podían recuperar el capital prestado y la Municipalidad salió a ayudar –respondió el testigo.

–¿En 2016 estaban suspendidos los códigos de descuentos? –continuó la fiscal.

–No –dijo Correa.

Tres de los cuatro testigos que pasaron este martes en el juicio, declararon alrededor de una hora cada uno. Correa fue uno de ellos.

“El primer expediente llegó y lo devolvimos. Al segundo lo vimos con Campdesuñé”, recordó más adelante. Es que, según dijo, el adelanto financiero se frustró dos veces.   

–¿Algún funcionario insistió en que se ejecute ese convenio? –consultó el defensor Emilio Fouces, que junto a Miguel Cullen representan los intereses de Picazzo en el juicio.

–No, sólo hubo un expediente posterior –aseguró.

Combustible para las empresas de transporte

Más adelante, el abogado Damián Petenatti que es codefensor con Rubén Pagliotto de Rolandelli y el ex intendente Varisco, hizo recordar al testigo un acontecimiento en la Municipalidad que podría asimilarse al investigado.

“Se daba gas oil a las empresas de transporte, cuando había conflictos con el combustible. Eso fue hace más de 10 años, cuando era intendente (José Carlos) Halle. Se entregaba el combustible, las empresas tenían que pagarlo y no sé qué pasó. Entiendo que aquella vez no se hizo una garantía”, contó.

–¿Fue citado por fiscalía alguna vez para dar explicaciones por eso?­ –preguntó Pagliotto.

–No.

7 millones mensuales en retenciones

Omar Darío Belcer, director de Liquidación, fue otro de los testigos que compareció este martes. Reafirmó que “la mayoría de los empleados municipales están endeudados”.  Contó también que durante la gestión de Halle “se suspendió el código de descuento por 90 días y se creó un sistema de bloqueo automático del código cuando el empleado no tiene más margen de gasto”. “En 2016 no hubo suspensión del código de descuento”, acotó.

Más adelante fue consultado por las fiscales, por el flujo de dinero mensual en retenciones a los empleados a través del código de descuento. El testigo aseveró: “7 millones de pesos mensuales, aproximadamente”.

Explicó que el municipio puede hacer adelantos a los empleados y para eso existen dos modos: “Un adelanto es para gastos nominales como luz o gas; y otro adelanto es aquel que genera un expediente y se devuelve en cuotas”. “El municipio no cobra intereses por eso”, aclaró después.

–¿El flujo de dinero que retiene el municipio mensualmente era suficiente para garantizar el adelanto solicitado por la Mutual Modelo? –preguntó Goyeneche.

–Creo que sí.

Después arrojó que “el 15% de los empleados municipales está asociado a la Mutual Modelo”.

Además, los defensores le mostraron al testigo un convenio viejo, de la gestión de Halle, con la Mutual Modelo. Le hicieron leer una cláusula donde se especificó la entrega de un anticipo de $50.000 por parte de la Municipalidad para paliar el sistema financiero de la mutual por saldos no cubiertos.  

“En Tesorería tenemos la costumbre de pedir caución”

César Marcelo Ferrari, tesorero General de la Municipalidad, fue el tercer testigo de este martes. El contador estaba de vacaciones cuando se tramitó el adelanto financiero a la mutual, en enero de 2016. “Cuando volví me enteré la situación, me informaron que se requirió una garantía para el recupero del dinero y como eso no estaba, la orden de pago volvió a Contaduría General”, relató.

“En Tesorería tenemos la costumbre de pedir un seguro de caución”, dijo después. “El motivo es garantizar el recupero del dinero que  puede no darse si la empresa quiebra, o no presta el servicio u obra prometida”.

El tema del combustible a las empresas de transporte fue recurrente en los defensores. Sobre eso también lo consultaron a Ferrari. “En una oportunidad se autorizó a las empresas de transporte para que retiren combustible de las estaciones con las que trabaja la Municipalidad. En Tesorería no podemos controlar la cantidad de litros que sacaron. Y no pedimos garantía por eso. Tengo entendido que en la gestión de Blanca Osuna se inició una causa por eso”, recordó.

Por último, Marianela Vega, de la subdivisión de Dirección Presupuestaria, contó sobre la anulación de la orden de pago a la Mutual Modelo. “Sé que la orden de anular el pago vino de Hacienda. Nadie me dijo por qué había que anularla”, relató.

Continuidad

El juicio que dirige el tribunal compuesto por Gervasio Labriola, Carolina Castagno y Rafael Cotorruelo continuará este miércoles desde las 9 en el primer piso de los tribunales locales. Hay varias declaraciones agendadas y, en principio, se terminarían los testimonios ofrecidos por la acusación pública. La jornada tendrá una particularidad: el tribunal y las partes deberán constituirse en el domicilio de una testigo; es que la mujer presentó un certificado médico y no puede moverse de la casa.