Los diez detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa fueron trasladados esta madrugada desde Pinamar al penal de Dolores, donde quedarán alojados en la alcaidía, separados del resto de la población carcelaria.

Los acusados fueron transferidos pasadas las tres de la mañana, luego de haber sido cargados en un subsuelo y tapados con una guardia de los Grupos de Apoyo Departamentales (GAD) y policías de la Provincia.

Según se informó, los imputados se alojarán en un sector separado del resto de la población carcelaria del penal para resguardar su seguridad, luego de que se viralizaran en las redes sociales distintos videos de presuntos presos que aguardaban la llegada de los rugbiers para hacer una supuesta justicia por mano propia.

Fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) aseguraron a la agencia Télam que la celda de la alcaidía es para diez personas y cuenta con cinco camas cuchetas dobles.

La celda se encuentra situada en un primer piso, entre los pabellones 9 y 10, en el que están los presos evangélicos, y es un espacio especialmente preparado para detenidos que aún no tienen la prisión preventiva.

"No tendrán contacto con la población carcelaria y permanecerán ahí bajo estricta vigilancia y control", señaló una fuente del SPB, quien aclaró que, en caso que se les dicte el procesamiento con prisión preventiva, los imputados "serán asignados a otra unidad".

La Unidad 6 de Dolores es uno de los penales que tiene mayor sobrepoblación de la provincia de Buenos Aires, admitieron los voceros consultados, quienes informaron que actualmente tiene alojados a 875 presos y trabajan cerca de 480 agentes penitenciarios.

Dispone de 12 pabellones, 10 intramuros, 2 extramuros y el sector de alcaldía en el que quedaron alojados los rugbiers.

Última ronda de reconocimiento

Los rugbiers detenidos son Luciano Pertossi (18), Ayrton Viollaz (20), Matías Benicelli (20), Alejo Milanesi (20), Blas Cinalli (18) y Juan Pedro Guarino (19), Máximo Thomsen (20), Enzo Comelli (19), Ciro Pertossi (19) y Lucas Pertossi (20).

Todos ellos están acusados por la fiscal del caso, Verónica Zamboni, por el delito de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas" por el cual podrían recibir una pena de prisión perpetua.

Por el hecho hay un undécimo imputado, el remero Pablo Ventura, quien estuvo detenido cuatro días hasta que fue liberado por la Justicia tras determinar que no se hallaba en Gesell en el momento en que ocurrió el crimen de Báez Sosa (19).

En tanto, los investigadores comenzaron estos días con el peritaje a los teléfonos celulares de todos los involucrados en el caso en la Agencia Regional de la Policía Federal Argentina (PFA), ubicada en la Escollera Norte de Mar del Plata, con el objetivo de analizar el contenido de los mismos.

El abogado Jorge Santoro, defensor del remero Ventura, aseguró a Télam que su defendido se presentó ante la fiscal Zamboni para aportar la clave de su iPhone para desbloquearlo y que puedan obtener toda la información necesaria. A su vez, se espera que esta semana también se lleven a cabo en Dolores el peritaje químico y de rastros para determinar si en las prendas y calzados incautados hay manchas de sangre.

Mientras que aún no hay fecha para llevar a cabo el peritaje scopométrico que va a que va a comparar la "impronta" que dejó en la piel de la víctima una zapatilla, cuyo "modelo y tipo" fue identificado por la Policía de Tierra del Fuego, con el calzado incautado.

El crimen de Báez Sosa ocurrió la madrugada del sábado 18 de enero último, frente al boliche Le Brique, en avenida 3 y Paseo 102, del centro de Villa Gesell, donde el joven fue atacado a golpes de puño y patadas en plena vía pública y murió.