Hace unos días la Corte Suprema requirió al Poder Ejecutivo casi $4.000 millones para aumentar los sueldos de la Justicia, lo que implicaría cerca de un 69% de incremento en poco más de un año. En Entre Ríos rige la conocida como “ley de enganche”, que dispone el aumento automático de los sueldos de la Justicia ordinaria cuando se decide un incremento en la Justicia nacional.

Al ser consultado sobre este pedido de la Corte, y si lo consideraba excesivo, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, fue tajante: “Yo lo único que quiero es cobrar lo mismo que un director o síndico de Enersa o el fiscal de Estado”. Al ser inquirido respecto a por qué opina que debería percibir esos sueldos, señaló: “Porque considero que yo cumplo una función más importante que la que cumple el representante jurídico del Estado. Fíjese cuánto gana el síndico y el fiscal de Estado, quiero ganar eso. Creo que me merezco eso”.

“¿Alcanza con el 69% para empatar esos sueldos?”, se le preguntó en el programa En el dos mil también (FM Nueva Litoral): “No sé, pero creo que estoy bastante atrasado todavía”, trazó. “¿Usted considera que un vocal del STJ tiene que ganar menos que un asesor legal y técnico de la Gobernación”, retrucó con la pregunta Castrillón.

“No, yo creo que debe ganar incluso un poco más que el gobernador”, sugirió el periodista Antonio Tardelli, y la entrevista continuó de la siguiente manera, tras responder Castrillón:

-No no, yo considero al gobernador como quien tiene que conducir la provincia, porque si él no anda no cobramos ninguno. Ahora, cuando nos ponemos a comparar, saque un sueldo de ministro -que es igual que lo que podemos tener nosotros-, o un sueldo de fiscal de Estado, y agregue una sindicatura como de Sidecreer o del Iafas.

-Pero ellos ganan más que el gobernador.

-Bueno, pero yo quiero eso porque considero que valgo lo que valen ellos.

-Entonces usted quiere (cobrar) más que el gobernador.

-Si el gobernador quiere que el personal que designa gane más que él es un problema del gobernador. Yo estoy contestando por mí. Si el gobernador quiere trabajar ad honorem que lo haga, yo considero que el gobernador tiene que ser el mejor remunerado por todo concepto y en blanco de la provincia.

Seguidamente, al ser consultado sobre si implicará un refuerzo presupuestario en caso de plasmarse ese 69%, el vocal del STJ negó que se trate efectivamente de ese monto porcentual. “Este año se aumentó el 25 (en total), y lo que se está hablando es de 10% más. La están sumando mal, miren en realidad cuánto efectivamente se da como aumento”, dijo, y agregó la imposibilidad de los magistrados de ejercer actividades comerciales como otro argumento para el incremento salarial: “Nosotros no podemos ejercer nada. Tenemos sueldos igual que el nuestro, dos sindicaturas, y ejercen el comercio, espectacular. Eso quiero yo”.

“Yo estoy diciendo con quien me quiero comparar. Si usted me pregunta si considero que cobro mucho, y yo considero que cobro poco. Quiero equipararme a ellos”, dijo sobre los cargos ya mencionados. Y agregó: “Fijémonos también cuáles son los títulos y requisitos exigidos, la responsabilidad de uno y de otro”.

“El Poder Judicial está bien pago y creo que se merece estar bien pago; y ha demostrado que tiene independencia judicial, por estar bien pago”, cerró sobre el tema.

Reunión con vecinos del Paracao

Al comienzo de la entrevista Castrillón comentó sobre el encuentro que mantuvo con vecinos del barrio Paracao, quienes están preocupados por la prisión preventiva domiciliaria de los hermanos Siboldi en la vivienda de una familiar en esa zona.

“Los vecinos se preocupan por la posible alteración o la alteración concreta que ellos alegan de la vida normal de un barrio de Paraná, por otorgar una domiciliaria a dos familiares de una vecina que no eran de ese barrio”, contó.

“Los cuestionamientos pueden ser lógicos, existen sospechas de los vecinos de que existirían hechos anormales en torno a esa vivienda, les parece raro también que la titular de la vivienda sea una persona de mucha edad que prácticamente no puede tener control sobre quien cumple la domiciliaria en esa vivienda, y les llama la atención el costo que asume la provincia en custodias, rondas, tobilleras, monitoreo del 911, que en otros casos no se ha dado y se ha mantenido la detención de quienes no fueron condenados pero que se puede presumir que pueden obstruir la investigación o se pueden fugar”, dijo. Y marcó: “Es más, si no se pudiesen fugar u obstruir la investigación no sé para qué vamos a tener tanto resguardo”.

“La incompatibilidad que le encuentro en que si tomo tantas medidas es porque tengo miedo de que obstaculicen la investigación o puedan fugarse; si es eso, tengo otras medidas que es la detención en un centro especializado para procesados”, dijo ante la consulta periodística.

En ese orden, subrayó: “El que propone las medidas más severas es quien representa a la sociedad, que es el procurador y la Procuración General, y el juez decide en base a lo acotado que le dejó la norma jurídica en base a las peticiones de las partes en un sistema adversarial penal. Si me preguntan si yo pondría únicamente facultades de jueces pintados, no. Considero que (un juez) es demasiado caro para tenerlo pintado”, apuntó.

“Pero no es que están pintados”, le respondió el periodista Tardelli. “Cuasi, no pueden hacer más de lo que pide el fiscal”, acotó Castrillón, y remarcó que es algo que viene “diciendo hace tiempo”, así como plantear una reforma. “Los mismos autores de este Código Procesal Penal a 10 años también dicen que hay que hacerle un service. Acá está supeditado a lo que quiere la Procuración. Si quiere detenerlo lo detiene, si quiere esconder el legajo lo esconde, y si quiere pedir que esté en libertad lo pide”, completó.