El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón, valoró los procesos de concurso que se desarrollan en el Poder Judicial y los avances en materia de infraestructura judicial. También analizó lo sucedido en el caso Siboldi con el sistema de prisiones domiciliarias.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio de la Plaza), Castrillón sostuvo que durante su gestión viene “buscando que todos los cargos que no estaban en planta, se logre estabilizar la planta por concurso, especialmente los cargo de médicos, de los equipos interdisciplinarios, el de contador”. “Fuimos buscando regularizar de manera medianamente prolija, con antecedentes, oposición, de gente con conocimiento y con participación de los Colegios que nos permita dar una designación medianamente objetiva y con permanencia en el tiempo y con la calidad profesional acorde a los sueldos que tiene la Justicia”, definió.

Destacó que “esto se está dando en toda la provincia” y aclaró que “lo único que queda de ingreso sin concurso son los cargos técnicos y los auxiliares ordenanzas”. En ese marco, resaltó que “antes se quedaban dos o tres años como suplentes, y hoy en 60 días tenemos los concursos internos para la carrera judicial que hacen que en ese tiempo, ya están los ascensos en cada jurisdicción de la provincia”.

“Los secretarios de los Juzgados de Paz jamás en us vida habían realizado un concurso y ya es el segundo concurso que se realiza; en los Juzgados de Paz están quedado únicamente dos legos, de los secretarios están quedando cuatro de los 57 que son y eso implica darle mayor trabajo, mayor importancia y mejor acceso a la justicia a los lugares donde están ubicados esos Juzgados, que en muchos de los casos se justificó su creación y en otros no tanto”, describió.

Apuntó que “en Paraná, el Poder Judicial no tenía en el Departamento Médico Forense no tenía una mujer y era una falencia cuando había que intervenir en casos de violencia o de ataque físico, y se pedía colaboración de la auditora o de la policía” y adelantó que “antes de fin de año se realizará un concurso para tomar los dos primeros empleados con capacidades diferentes, para lo cual se está trabajando con el Ipodi (Instituto Provincial de Discapacidad) en determinar las bases del concurso y donde se desempeñarán”.

Mejoras edilicias

Consultado por las cuestiones de infraestructura judicial, Castrillón mencionó que “en Gualeguaychú se terminó el proyecto para el edificio judicial, que es muy importante, la formalización del uso y se consolidó el terreno y estamos en condiciones de utilizar fondos propios para girarlos a ese proyecto, porque en Gualeguaychú el nivel de alquileres que se paga es altísimo”.

Al respecto, estimó que la inversión en alquileres “debe rondar los 550.000 pesos mensuales” ya que “Gualeguaychú no tenía Cámara de Apelaciones Civil,  Cámara de Apelaciones penal y otro montón de organismos que se fueron creando”.

Por otra parte, resaltó que “se le dio mucha fuerza a las morgues judiciales, para que se dejen de pasear los cadáveres por la provincia para traerlos a Paraná. Se está terminando en el hospital Felipe Heras para ser el centro de la costa del Uruguay donde Concordia no tenía morgue; se hizo nuevo en Gualeguay y en Victoria, y se reacondicionó Gualeguaychú; también dentro del hospital de Villaguay y estamos en condiciones de celebrar autopsias técnicamente, desde el punto de vista profesional y de medios, en el 90% de la provincia”.

Como ejemplo, mencionó que al asumir como presidente del STJ “se realizaban 600 autopsias anuales y 300 eran en Paraná y el resto en Federal, y los gastos de traslados eran altísimos, lo que se redujo de forma considerable”.

Además, indicó que “la morgue de Paraná tiene un sistema de filmación que no lo tenía y el cual se extenderá a toda la provincia”.

Asimismo, agregó que “se está buscando la sanción del Juzgado de Ejecución de Concordia, porque la cárcel de Concordia puede llegar a tener problemas, y a su vez la videoconferencia en cada uno de los penales, de manera que los defensores públicos o los jueces puedan comunicarse con los internos sin ser trasladados. En el caso de Paraná ya está en prueba y prontamente lo pondremos en Concordia, Gualeguaychú y Victoria”.

Como conclusión, comentó que “se está trabajando con el Colegio de Abogados para crear el abogado del niño, pero hemos logrado una conjunción con todos y vamos avanzando”.

Caso Siboldi

Respecto de lo sucedido en la localidad de María Grande donde los vecinos rechazaron la detención domiciliaria de Brian y Alexis Siboldi, acusados del triple crimen de Bajada Grande, Castrillón analizó que “el pedido era de la Fiscalía y la defensa, y la medida que tomó la jueza es la correcta y tiene en cuenta también los intereses de la sociedad”.

“En estos casos hay que ser prudentes; la domiciliaria se justifica si no se puede privar de la libertad al acusado porque no se tienen determinadas pruebas pero no podemos poner de justificativo, para delitos importantes o que implican peligrosidad para el resto de la sociedad, el estado de las cárceles. Hay que tener criterio, cuando se dio la fuga por darle domiciliaria a dos ciudadanos de Córdoba, es probable que alquilen una casa para pedir la domiciliaria y puedan irse a su provincia. Son cuestiones que deben merituarlo los funcionarios que intervienen, pero siempre tenemos un riesgo de que se nos escapen”, reflexionó.

En cuanto a lo variable de los criterios para utilizar la prisión domiciliaria, el magistrado aseveró: “Me gustaría que los defensores tengan mucho más énfasis y que los jueces de Garantías actúen como en este caso hizo la doctora (Marina) Barbagelata, decidiendo en serio, conforme a lo que debe ser y viendo todas las partes”.

“Yo siempre he sido crítico de la actuación de la Fiscalía, pero la Fiscalía no es la dueña de la verdad, ellos hacen su planteo, el otro tiene que controvertirlo en un sistema adversarial y el juez debe resolver. Ahora, si el adversario baja los brazos es probable que caiga la equivocación sobre una sola parte, que en este caso son los representantes de la Procuración. Pero en el sistema adversarial son dos los adversarios: la acusación y la defensa”, explicitó.

Sobre los mecanismos de control, analizó que “se puede dictar la mejor sentencia del mundo pero si después no funcionan los otros organismos de control y de reinserción, estamos con el cuento de la reinserción pero no se reeduca ni se reinserta a nadie. En esto si la defensa y la Procuración junto con los mecanismos que aporta el Poder Ejecutivo en función de su coexistencia con la Justicia, no existe una coordinación y no se van limando los errores, indudablemente habrá una dispersión de medios y la solución no será suficiente. Falta una coordinación entre todos los actores”.

“En este tema es clave la coordinación entre la Sala Penal, la Procuración y la defensa, el Ministerio de Justicia, el Ejecutivo y Penitenciaría, y a la sociedad no le interesa quien tiene más o menos culpa o responsabilidad”, sintetizó.

Como ejemplo, sostuvo que “es necesario coordinar entre todos los actores para hacer un sistema totalmente eficaz” y ejemplificó: “En Minoridad si el Copnaf no funciona bien, seguramente habrá problemas por más que tengamos buenos jueces de familia; si la comisaría del Menor y la Familia no dispara las denuncias al juez y al fiscal de familia en turno, seguramente habrá problemas; y si no arreglamos el monitoreo del 911 y seguimos en prueba, seguramente que seguiremos con problemas”.

“Lo que busqué por todos los medios fue tratar de unificar el alerta: la tobillera, la muñequera, el botón antipánico de manera que un juez sepa con qué medios cuenta. La organización del sistema penal, del sistema penitenciario, del sistema de seguridad y del patronato de liberados forma parte de una coordinación de Sala Penal, Procuración, Defensa, Ministerio de Gobierno y Secretaría de Justicia”, concluyó.