La Justicia rechazó la cautelar interpuesta contra el nuevo decreto que legisla sobre las fumigaciones con agrotóxicos.
El Poder Judicial de Entre Ríos rechazó la medida cautelar interpuesta por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) contra el decreto Nº 2239/19 del Poder Ejecutivo provincial, que regula la aplicación de plaguicidas y fitosanitarios.
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, sostuvo que “el rechazo de la medida cautelar implica que el decreto 2239 resulta plenamente aplicable, es decir que, a la comunidad de productores, ingenieros agrónomos y aplicadores de productos fitosanitarios, se les debe comunicar que la mencionada norma continúa en vigencia. No hay ninguna medida judicial que lo suspenda en su aplicación".
Asimismo, Rodríguez Signes mencionó que el Foro Ecologista de Paraná y AGMER interpusieron también una acción de amparo contra el gobierno provincial promoviendo la inconstitucionalidad del decreto 2239/19. En ese sentido, “la provincia de Entre Ríos tiene un plazo para contestar la demanda que vence este sábado 24 de agosto. No obstante, había interpuesto una medida cautelar planteando que había peligro en la aplicación del decreto mencionado y que esa norma tenía vicios o defectos que lo hacían manifiestamente nulos. Esa pretensión fue rechazada por el Poder Judicial que ahora se encuentra abocado exclusivamente al análisis y resolución de la cuestión de fondo planteada, que es si el decreto es o no válido, y que será discernida en los próximos días”, precisó el fiscal de Estado.
Cabe recordar que, a través del decreto 2239, el gobierno entrerriano estableció zonas de exclusión que llegan a los 500 metros, áreas de restricción que llegan a los 3.000 metros y unidades centinelas y de control en escuelas rurales y agrotécnicas para la aplicación de plaguicidas y productos fitosanitarios.
También prohibió el uso de máquinas pulverizadoras no registradas e instruyó al Ministerio de Salud a realizar un programa de seguimiento de la salud de agricultores y comunidades rurales.
La norma instruye además al Consejo de Educación a elaborar un mapa georeferenciado de las escuelas rurales, y a la Secretaría de Producción a aplicar un sistema de monitoreo remoto, a reempadronar todos los equipos de aplicación en uso en Entre Ríos y a celebrar convenios de capacitación con el INTA y las universidades.
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