Los abogados defensores del intendente de Seguí, Cristian Treppo; la ingeniera en construcciones Carina Zapata; el contador municipal Darío Monzón; y los empresarios Néstor Szczech (de Szczech & Szczech), Daniel y Néstor Hereñú (padre e hijo, de OICSA), y Hernán Barrera, ingeniero en OICSA pidieron el sobreseimiento de sus representados este viernes por la mañana, constató ANÁLISIS.

A la audiencia la presidió el juez de Garantías, Ricardo Bonazzola, que decidió pasar a un cuarto intermedio para analizar los requerimientos de las partes con la prueba que obra en el expediente.

Por parte del Ministerio Público, el fiscal Franco Bongiovanni, a cargo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) solicitó que se rechacen las pretensiones defensivas y se permita continuar con la pesquisa, que ya lleva más de dos años y medio. El representante del MPF investiga si existió peculado en la concreción de 16 cuadras de asfalto en Seguí, en el marco de un programa del Ministerio de Planeamiento Federal bajo la conducción de Julio De Vido.

Por la obra, se pagaron 20,6 millones de pesos de recursos nacionales, transferidos al gobierno local cuando. Sobre ese monto total calculan un perjuicio al erario público. Los fiscales entienden que el costo de la obra era inferior.

“Razones políticas”

El abogado Germán Coronel, representante de Treppo, Zapata y Monzón, pidió el sobreseimiento por lo que considera una “violación del plazo razonable” que lleva la investigación. “No se ha cometido el delito y además no hay pruebas nuevas”, dijo y aseguró que la causa está fundada en “razones políticas, en el marco de una ola de denuncias contra políticos que en muchos casos tendrán razón, pero en este no”.

El abogado agregó que la denuncia “vino con un informe de una persona que no contó con información documental para hacer la pericia”. “Parece que esta persona hizo informes para varias causas, no sé si en otras provincias”, deslizó. “Cuando pedimos explicaciones el perito se despachó con un informe por sobreprecios en la obra pública que fue impugnado. De cualquier modo se hizo el requerimiento de elevación a juicio”, recordó el abogado que dio un pormenorizado detalle del devenir de la causa.

Cuando se hizo el requerimiento de elevación a juicio, los defensores solicitaron la producción de otra prueba: que se consulte a las empresas contratistas si habían cobrado el precio facturado. Las empresas respondieron que sí. 

“Entonces la Fiscalía retiró el requerimiento de elevación a juicio y pidió volver a la etapa de investigación”, acotó por su parte el abogado Miguel Cullen, defensor de los titulares de Szczech&Szcezech y OICSA.

Julián Pedrotti, codefensor con Cullen, añadió que “se corroboraron los costos razonables” y que las empresas cumplieron con los impuestos correspondientes.

La audiencia se realizó a pedido de estos abogados. Reclamaron al juez Bonazzola que declare el sobreseimiento de los imputados porque no sólo consideran que no hubo delito, sino que además se excedió el tiempo para mantener una investigación abierta con imputados, sin producción de prueba.        

“Tiene que llegar a juicio”

Por otro lado, el fiscal Bongiovanni rechazó las pretensiones. Admitió que la causa lleva más de dos años y medio abierta y la comparó a otras que llegaron a condena “después de 20 años, eso es violación del plazo razonable”.

Bongiovanni se refirió de ese modo a la causa contra Héctor Alanís y otros, por el desvío de 20 millones de pesos del Senado provincial entre 1995 y 1999. Por esos años, Cristian Treppo era auditor del Tribunal de Cuentas (TdC) en el Senado provincial. En ese juicio que se hizo el año pasado, Treppo estaba citado a declarar pero pidió una consideración especial: hacerlo por escrito, tal como se concede a curas con cargo en causas de abuso eclesiástico, a políticos de alto rango y a personas que están en el exterior o a cientos de kilómetros y no pueden viajar (en muchos de estos casos los testimonios se producen por videoconferencia).

A Treppo se le abrió una causa por falso testimonio después de esa declaración.

“Acá la investigación no sólo involucra a funcionarios políticos sino también a la pata privada, los empresarios”, resaltó el fiscal, en respuesta a uno de los planteos defensivos que apuntaba a que el Peculado sólo podría achacarse a funcionarios públicos.

Además, el fiscal reclamó que la investigación pueda llegar a juicio y seo oralice. “Si los defensores están cuestionando la pericia oficial, en el juicio podrán interrogar al propio perito”, dijo y agregó: “Las evidencias que nos llevan a sostener las imputaciones no sólo tienen que ver con la pericia sino también cobn otras pruebas como cotejos de precios, cómputos métricos y pliego de condiciones”, sintetizó.

Por último adelantó que “en las próximas semanas habrá un nuevo requerimiento de elevación a juicio” y señaló: “De obstruirse esa posibilidad estaríamos violando tratados internacionales contra la corrupción a los que Argentina suscribió en 2006”.

La causa

Según los fiscales, en enero de 2015, en la anterior gestión de Treppo como intendente de Seguí, se realizaron las gestiones ante el entonces secretario de Obras Públicas de la Nación, José López (fue sorprendido intentando esconder bolsos con dinero en un convento) para obtener financiamiento destinado a realizar 16 cuadras de asfalto en la localidad del departamento Paraná, en el marco del plan Más Cerca.

Los trámites culminaron con la firma de un convenio con el Ministerio de Planificación Federal, por entonces a cargo de Julio De Vido, también detenido por presuntos hechos de corrupción. El acuerdo incluyó la transferencia de 20,6 millones de pesos de recursos nacionales al municipio y contó con la asesoría de Zapata, que es ingeniera en construcciones, fue contratada por el gobierno local y operó como responsable técnica de la obra.

A partir de ello, los investigadores sostienen que el intendente de Seguí, en connivencia con los empresarios acordaron “precios desproporcionados con los valores reales de mercado para aquella fecha”.

Para justificar la transferencia de los fondos desde Nación, los fiscales entienden que se emitieron certificaciones de avance de la obra “sin llevar a cabo ningún tipo de ensayo o control de calidad en la ejecución de los trabajos”.