Por Pablo Benito, para Notife.

El caso Bolsafe Valores ha generado un perjuicio directo a particulares que habían confiado sus ahorros a la operadora. El incuantificable daño es a la economía regional, que dejó de contar con una estructura de financiamiento de emprendimientos autóctonos con el fondeo de ahorristas locales.

El impacto mayor puede representarse en la marca del ADN en la estructura financiera del área metropolitana de la Capital de la provincia. La dependencia de aportes estatales a la promoción productiva, hegemoniza las opciones para los privados de contar con apoyo económico de capital para desarrollar iniciativas innovadoras.

El daño directo será juzgado por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe en las próximas semanas. El perjuicio al desarrollo, a la generación de trabajo genuino en la región es incuantificable y la huella del fracaso a la gestión autónoma, privada, en la incubación de empresas a partir del asociativismo tecnológico y de gestiones, no puede ser sometido a un juicio, pero sí a un análisis que recupere lo destruido en vías a retomar un valioso tiempo perdido y juntar las piezas, una a una, para recomponer la confianza en una nueva bolsa de valores local que deberá brindar garantías extraordinarias a los inversionistas pequeños y medianos para recuperar esta indispensable herramienta jurídica financiera de desarrollo regional.

Chocar la calesita

La judicialización de un verdadero drama que sufren los estafados por el esquema pergeñado por Mario Rossini y abonado por factores de poder del antiguo círculo rojo santafesino, “robó mal” valores y confianza de ahorristas. La imagen acorde sería la de un ladrón frente a una bóveda abierta -y decenas de lingotes de oro esperando- y un camión de caudales esperándolo para la fuga y el caco decidiendo volar la expendedora de gaseosas por el sólo goce de llevarse una Coca sin pagarla.

Esta imagen no debe ser relacionada a un Fendrich o un Rossini -para el caso lobos solitarios- sino a las condiciones de complicidad, negligencia, indiferencia o irresponsabilidad que colocó al sujeto en condiciones de impunidad para elegir -encima mal- entre el oro y el agua azucarada con gas.

En los ámbitos de negocios es difícil pretender, o pedir, gestos de altruismo. Tampoco este sería el caso, pero si se podría convocar al “egoísmo inteligente” a quienes mantienen posiciones de autoridad entre el empresariado santafesino en general y de la Bolsa de Comercio en particular.

Se han equivocado -muy feo y muy grave- pero no es tan reprochable el error como la mantención de la conducta errada. Como dirigentes sociales, en el área empresarial, han -realmente- chocado la calesita, más por indiferencia que por dolo. No nos referimos a las responsabilidades penales que, sin dudas, quienes las van a sufrir malversaron su propio capital y que no cotiza en bolsa, se trata de su propia paz, su tiempo, su libertad y, quizás su conciencia.

Hablamos de aquellos que siguen rascándose la espalda, como terapia colectiva, unos a otros y mostrándose en escenas de riguroso traje y amplias mesas de ampulosa presentación. Pero sí, no supieron, no quisieron o no pudieron evitar la pérdida de una herramienta colectiva como el Mercado de Valores del Litoral. Mercado que reunía deseos de timba de algunos sus participantes, y es una realidad, pero que podía apalancar proyectos -y lo hizo- que transformen la autopercepción del santafesino como mera ciudad administrativa.

“Rosiragasinos”

Los prejuicios, los egos alterados y la construcción de enemigos -como reafirmación personal o grupal- hacen que las dirigencias no bajen la guardia ni suban la ambición para proponerse la reconstrucción de herramientas que han demostrado, ampliamente, el resultado colectivo impactando en los particulares.

La estafa de Bolsafe es un hecho judicial, sí. Pero, ante todo, es una consecuencia social que, de ser revisada, debería transformarse en un desafío político.

No se trata de tirar lo viejo por la ventana y ornamentar, de juventud, los viejos vicios. Quizás si de un ejercicio de humildad que coloque a los conductores de la calesita en una postura menos pedante para transmitir los errores como sabiduría. La reformulación del Mercado de Valores santafesino sería un enorme aporte a la identidad santafesina, sobre todo cuando las agencias con sede en la región operan en Rosario, asumiendo la propia torpeza y dando por sentado que el seguro no cubre siniestros de calesitas.

Los hechos

Bien vale recordar los hechos de este drama: La investigación se inició el 12 de diciembre de 2012 a partir de una denuncia penal del juez Diego Aldao, quien tramitaba el proceso concursal de la firma Tool Research y comprobó el faltante de títulos de deuda pública que, debiendo estar bajo custodia judicial en poder de Bolsafe Valores, habían sido liquidados en favor de la Obra Social de la Universidad Nacional del Litoral, entidad ajena a la masa de acreedores.

Entre abril y mayo del año 2013, un grupo de damnificados se presentó ante la Procelac y formularon nuevas denuncias contra Rossini, lo que motivó la intervención del fiscal general Carlos Gonella y el fiscal ad hoc a cargo del área de Fraude Económico y Bancario, Pedro Biscay. Reclamaron la indagatoria de 49 operadores financieros, involucrando como parte del ilícito al Mercado de Valores del Litoral y al Banco de Galicia.

El 30 de abril de 2013, la Justicia Federal de Santa Fe se declaró incompetente en la causa Bolsafe Valores.

Damnificados

Entre los damnificados por las maniobras se encuentran desde pequeñas sociedades de fomento hasta víctimas del terrorismo de Estado o sus familiares, que canalizaron en Bolsafe los ahorros o los bonos recibidos en concepto de indemnizaciones con la promesa de Rossini de pagarles un rédito económico a través del “alquiler” de los títulos, operación bursátil prohibida en el mercado local.

La Fiscalía Federal Nº 2 de Santa Fe y la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) imputaron como integrantes de una asociación ilícita a 49 operadores financieros que se apropiaron del dinero de al menos 408 ahorristas, concentrados fundamentalmente en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, a través de la sociedad Bolsafe Valores y la empresa BV Emprendimientos, con la aparente complicidad del Mercado de Valores del Litoral y el Banco de Galicia.

El 16 de abril de 2015, la Sala I de la Cámara Federal de Casación penal notificó al contador Mario Rossini de la interrupción del régimen de prisión domiciliaria del que venía gozando desde el 2 de julio del año 2014 y ordenó su inmediato traslado a la unidad penitenciaria U-2 Cárcel de Las Flores.

El 12 de junio el juez federal Nº 2, Francisco Miño, prorrogó por seis meses la prisión preventiva para el contador Mario Rossini. Omar Rossini, María Mercedes Leiva, Daniela Laura Reatti, Marisa Laura Valdez, María Lorena Molinas, Carolina Fany Pavarín, Miriam Analía Sabella y Patricia Lorena Berrino, empleados de la firma, también están imputados.

En diciembre de 2015, El juez federal N° 2, Francisco Miño, prorrogó la prisión preventiva para el contador Mario Enrique Rossini, detenido desde el 13 de diciembre de 2012 como responsable máximo de la millonaria de dicha estafa.

Su abogado defensor, el penalista Néstor Oroño, apeló la nueva prórroga de la prisión preventiva y las actuaciones fueron remitidas a la Cámara de Apelaciones de Rosario para su debido control.

El 23 de febrero de 2016, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación presentó el dictamen de requerimiento de elevación a juicio en la causa Bolsafé Valores, que investiga una megaestafa en la ciudad de Santa Fe (*). Luego de idas, vueltas y chicanas judiciales, la elevación a juicio no ha sido ejecutada.

(*) Breve repaso del peregrinar de la denuncia de los damnificados desde el comienzo de la causa.