La disposición fue emitida este martes 30 de julio. Dice: “Atento a lo dispuesto precedentemente por el señor Juez de Garantías al estado de las presentes actuaciones,   lo dispuesto en el art. 405 del C.P.P. (Código Procesal Penal), fíjase audiencia de apertura de la causa a juicio por ante el Sr. Juez de Garantías Nº 3 Dr. Ricardo Bonazzola para el día 30/08/2019 a las 9.00 horas, en el Salón de Audiencias Nº  1”.

Y agrega: “Cítese a los  Representantes del Ministerio Fiscal,  Dres. Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, a los Defensores   Dres Marcos Rodríguez Allende, Candelario  Pérez y Raúl Barrandeguy, junto a sus defendidos Sergio Daniel Urribarri y Juan Pablo Aguilera; Dr. Ignacio E. Díaz junto a Pedro Angel Báez; Dres. Miguel Angel Cullen y Guillermo Vartorelli, con sus asistidos Hugo Félix Céspedes,  Gustavo Javier Tórtul y Corina Elisabet Cargnel ; Dr. Emilio Fouces con sus asistidos Hugo José María Marsó y Gerardo Daniel Caruso”.

La resolución de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial resuelve una incógnita que se había abierto en los últimos días: qué trámite se dará en Tribunales a las causas por corrupción que sentarán, por primera vez en el banquillo de los acusados, al exgobernador Sergio Urribarri. La denominada “causa de la vaca”, cuyo juicio oral debió comenzar este lunes 29, espera nueva fecha de fijación de audiencias. En lo que sí hay certeza es en la investigación penal conocida como “Sueño Entrerriano”, publicó Entre Ríos Ahora.

El 30 de agosto, a las 9, se sabrá si esa investigación penal, denominada el “Sueño Entrerriano”, se remite a juicio oral,.

El Sueño Entrerriano es una megacausa que incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo eslogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.

La audiencia de remisión a juicio de esa causa había sido fijada para el 24 de julio. Mas el estado de salud del abogado Emilio Fouces, que ejerce la defensa de Hugo Marsó y Gerardo Caruso obligó a su aplazamiento, ahora se sabe que para el 30 de agosto próximo.

En la investigación penal no sólo está involucrado el exgobernador y su exministro de Cultura y Comunicación; sino también el exministro de Turismo, Hugo Marso, y, entre otros, el cuañado Juan Pablo Aguilera.

Los delitos que se le imputan a Urribarri y Báez son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En tanto, a los demás acusados se les reprocha los mismos delitos pero en grado de partícipes primarios.

Además de Urribarri y Báez, en la megacausa del “Sueño Entrerriano” también están acusados Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y secretario del bloque de senadores del PJ; Hugo Félix Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo José María Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; y la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.

Para Urribarri la Fiscalía pide 9 años de prisión; para Báez, 8 años de prisión; para Gustavo Javier Tortul, 4 años de prisión; para Hugo Felix Céspedes, 4 años de prisión; Juan Pablo Aguilera, 8 años de prisión; Corina Elizabeth Cargnel, 6 años de prisión e inhabilitación especial; Hugo Marsó, 4 años de prisión; y Gerardo Daniel Caruso, 4 años de prisión. Además, para cada uno de los funcionarios o exfuncionarios pidieron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una pena de multa de 90 mil pesos, ya que consideran que los hechos se habrían cometido con “ánimo de lucro”.