Solo el 1,3% de las causas de corrupción tramitadas en la Justicia Federal de la Capital en 2017 terminó en una condena

Ese año apenas hubo 11 sentencias condenatorias contra funcionarios públicos, según datos de la Auditoría del 2017 de los expedientes de corrupción en los Tribunales Federales de Comodoro Py. Únicamente el 3% de 1.212 causas llegaron a la instancia de juicio oral.

De las 1.212 causas de corrupción que estaban en trámite en 2017 en los 12 Juzgados Federales de Primera Instancia de los Tribunales de Comodoro Py -los que investigan a funcionarios nacionales-, solo fueron elevadas a juicio oral ese año, el 3%. Un 68% continuaban abiertas, en tanto otro 29% había tenido otro tipo de resolución, ya sea una desestimación, un sobreseimiento o la prescripción.

En tanto, de las 195 causas que estaban ya en la etapa de juicio oral, hubo 31 que concluyeron el proceso oral ese año, de las cuales apenas 11 tuvieron sentencias condenatorias contra funcionarios nacionales. Uno de ellos fue el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, condenado en octubre de 2017 a dos años y medio de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el llamado caso del "merchandising" anti-Clarín.

Esas 11 condenas representan apenas el 1,3% del total de 831 expedientes culminados en 2017 en las distintas instancias de la Justicia en lo Criminal y Correccional Federal, incluidos los Juzgados de Primera Instancia, la Cámara Federal, la Cámara de Casación y los Tribunales Orales. Más de la mitad de la totalidad de las causas en trámite (el 56%) seguía abierta, al 31 de diciembre de 2017.

Así surge de la Auditoría del 2017 de causas de corrupción en Juzgados y Tribunales Federales de todo el país, que viene realizando el Cuerpo de Auditores del Consejo de la Magistratura, y a cuyos datos preliminares tuvo acceso Infobae.

Este nuevo informe es una actualización de los datos de la Auditoría del período 1996-2016 conocidos el año pasado, que abarcó casi unos 10.000 expedientes por distintos delitos vinculados a la corrupción contra funcionarios públicos, tramitados a lo largo de 20 años en el fuero penal federal de todo el país.

La Auditoría 2017 será publicada en el Portal de Datos Abiertos  del Consejo, después de la feria judicial de invierno, una vez concluida la tercera instancia de "vista previa" por parte de los Juzgados y Tribunales relevados, a fin de que estos puedan corroborar la fidelidad de los datos y hacer sus observaciones, en caso de ser necesario. "Buscamos elevar los 'umbrales de incontrovertibilidad' y garantizar los derechos de los auditados", explicaron a Infobae desde el Cuerpo de Auditores del organismo, integrado actualmente por seis miembros en ejercicio, y presidido por José Luis Pivetta.

Una vez on line, el informe incluirá el número de expediente y carátula de las causas culminadas, así como las fechas de sus diferentes instancias procesales, aunque no el nombre completo del funcionario involucrado, si no solo sus iniciales, tal como fue acordado por el plenario del Consejo en 2016.

El ranking de los Juzgados Federales

El juicio oral es donde, después de la instrucción de los Juzgados Federales, se define la culpabilidad o inocencia de los funcionarios acusados de corruptos. Sin embargo, las causas que llegan a esa instancia son las menos. En 2017, solo el 3% (38 causas de corrupción) lo hicieron de las 1.212  que estaban en trámite en los 12 Juzgados Federales de Primera Instancia de Comodoro Py. Otro 29% (350 causas) fueron previamente desestimadas, o se dictaron sobreseimientos, o  prescribieron por el plazo transcurrido.

De ese total de 1.212 causas abiertas -incluidas las iniciadas en 2017 (502) y los que estaban en trámite al 31 de diciembre del año anterior (710 causas)-, el 68% seguía en trámite al terminar el año.

El Juzgado Federal que más cantidad de causas elevó a juicio oral ese año fue el Nº 7, a cargo de Sebastián Casanello. En total 11 , el 8% de las 141 que estaba tramitando ese año. Entre ellas, la de Lázaro Báez y otros 24 imputados – incluidos su hijos- por lavado de dinero agravado, en la llamada "ruta del dinero K".

En cantidad de expedientes elevados a juicio, le siguió Claudio Bonadio con 6, que representaban el 3,5% de las 164 que tenía en trámite ese año. Una de ellas fue la de dólar futuro en la que está procesada la ex presidenta Cristina Kirchner.

En tercer lugar, se ubica Ariel Lijo con 5 expedientes cuya instrucción cerró y envió a juicio oral, el 4% de los 122 que tenía a cargo.

En el otro extremo, el que menos expedientes elevó a juicio oral, fue Luis Rodríguez: apenas el 1,5%. En su Juzgado Federal Nº 9, el 88% de las causas (56 sobre un total de 63) seguían abiertas al culminar 2017. En porcentaje, le sigue en cantidad de causas sin cerrar en 2017, Julián Ercolini, con el 87% (72 sobre un total 83 que tenía a cargo).

Los Tribunales Orales Federales

En cuanto a los ocho Tribunales Orales en lo Criminal Federal (TOCF) en funcionamiento en 2017 (ese año se sumaron el Nº 7 y el Nº 8 creados a fines del año anterior), de los 195 expediente que habían llegado a la instancia del proceso oral, los TOCFs culminaron el 16% de las causas (31).

De ese total, solo hubo 11 sentencias condenatorias contra funcionarios públicos. Cuatro de ellas fueron dictadas por el TOCF 3 y otras cuatro por el TOCF 4.

El 84% de los expedientes seguía el trámite del juicio oral o aguardaba fecha para su inicio sobre el final del 2017.

La Cámara Federal

En tanto, de las 480 causas que estaban trámite en 2017 en la Cámara Federal, este Tribunal de alzada resolvió ese año el 85% de los expedientes, que incluían los 414 que llegaron a esta primera instancia de revisión en 2017, más los 66 que venían de arrastre del año anterior. Solo quedaban pendientes de resolución un 14% de las causas (68 expedientes).

La más activa fue la Sala II, integrada ese año por Martín Irurzun y Eduardo Farah, quien pidió su traslado al año siguiente tras el fallo que benefició al empresario Cristóbal López. Esa Sala resolvió el 96% de los 244 expedientes que pasaron por ese Tribunal en 2017.

Por su parte, Sala I hizo lo mismo con el 75% de los expedientes que llegaron a las manos de los entonces camaristas Jorge Ballesteros y Eduardo Freiler, y como subrogante en ese momento, Leopoldo Bruglia.

Casación Penal

En cuanto a la Cámara Federal de Casación Penal, de las 394 causas que estaban en trámite en -incluidas las 306 que llegaron a esa segunda instancia de revisión  en 2017, y las 88 que venían de antes-, un 84% culminaron ese año.

Esto implica que los 12 camaristas de las cuatro Salas del Máximo Tribunal Penal del país resolvieron 332 apelaciones y planteos que llegaron a sus manos, y quedaron pendientes 62 expedientes (el 16%).

La Sala que tuvo el porcentaje más alto de resolución -92%- en 2017 fue la Sala IV, integrada ese año por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani.

La performance de las cuatros Salas de Casación en 2017 estuvo en línea con la del período anterior auditado (1996-2006), en el que de los 1.592 expedientes en los que intervino, el 96% (1.504 expedientes) fueron resueltos en menos de tres años, y el promedio de duración de los expedientes culminados fue de 9 meses y 21 días.

Auditoría valorada por la OCDE

La Auditoría de causas de corrupción fue impulsada por Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otras ONG, y puesta en marcha  por el Consejo de la Magistratura a instancias de su anterior presidente,  Miguel Piedecasas, en 2016.

El relevamiento que llevó a cabo el Cuerpo de Auditores del Consejo de la Magistratura entre 1986 y 2016, y la actualización del 2017 que acaba de concluir, implicó que fueran auditados 127 sedes judiciales y 245 jueces federales de todo el país.

Las Auditorías fueron recientemente valoradas positivamente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su último informe sobre Integridad en Argentina.

El informe estadístico -con el nivel de detalle con que fue realizado por el Cuerpo de Auditores con, por ejemplo, la discriminación de la cantidad de condenas en casos de corrupción  y el plazo que insumió cada proceso penal- fue una de las recomendaciones del organismo internacional al país para su ingreso al club de países desarrollados.