El vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurado, Andrés Harfuch, participa en Paraná de las Jornadas de Juicio por Jurados que se desarrolla en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y valoró el gran consenso que existe en Entre Ríos para implementar el sistema.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Harfuch se manifestó “muy contento” porque “es el inicio de una serie de jornadas muy importantes para la provincia, ya que se pondrá en marcha este mecanismo de nuestra Constitución nacional que es el juicio por jurados, que es el juicio de los ciudadanos comunes para decidir sobre los delitos más graves de la sociedad”.

Destacó que “esto está contemplado no solo en la Constitución nacional sino también en la de Entre Ríos, porque la provincia ha sido pionera en muchas materias de las reformas de justicia del país: oralidad, publicidad y transparencia, y faltaba la frutilla del postre que es la culminación del programa de la Constitución que es que los casos más graves no los debe decidir jueces profesionales sino seis mujeres y seis varones que deben escuchar las pruebas, todo el juicio público y luego se deben retirar a decidir un veredicto”.

“Es un momento muy importante, en el país el juicio por jurados está avanzando a pasos agigantados y ahora llegó a Entre Ríos”, resumió.

Valoró además el amplio consenso existente para la implementación del sistema y aseguró que “el gobernador está absolutamente convencido, los legisladores también y el Colegio de Abogados es uno de los principales impulsores, porque ha cambiado la situación política dado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sacó un fallo respaldando al juicio por jurados, entonces todo se hace más fácil”.

De todos modos, aclaró que “más allá de todos esos apoyos, lo que está pasando es que tenemos más de 300 juicios por jurados hechos en el país –algunos de ellos muy resonantes- y se ha visto que el jurado goza del apoyo de la población y los ciudadanos están tomando muy bien los veredictos de sus pares cada vez que les toca juzgar”.

Explicó que el sistema “legitima” las decisiones aunque admitió que “eso no exime que el jurado pueda tomar una decisión que también puede resultar polémica para algun sector, porque acá el consenso en la sociedad no existe, pero cuando el jurado es el que toma la decisión, la repercusión o incomodidad que puede generar esa decisión es muchísimo menor, porque la toman ciudadanos comunes insospechados de pertenecer a ningún aparato estatal”.

“Esto pasa en todo el mundo porque en general hay mucha desconfianza del pueblo hacia los funcionarios estatales, incluidos los jueces. Pero cuando son ciudadanos de a pie quienes deciden, eso desaparece y se legitima más la decisión”, sentenció.

Respecto de la forma de selección de los jurados y la posibilidad de recibir presiones, Harfuch sostuvo que “el sistema tiene una audiencia previa de selección, pero que es más de deselección, porque los jurados no salen de la nada sino que son sorteados aleatoriamente del padrón electoral, para cada juicio se seleccionan entre 36 y 40 y con ellos se realiza una audiencia donde las partes, en condición de igualdad, van a preguntarle a los jurados cosas más personales, y de allí saldrá si tienen opinión formada, si conocen a los acusados, y demás y esas personas saldrán del jurado”.

En ese marco, mencionó que “el juez también recibe presiones, tiene opiniones, vive en una comunidad y todos los conocen, pero hay una especie de imagen mítica que por ser juez es independiente y no es así. La independencia es algo que se litiga y que se obtiene, y los jurados están en mejor posición de libertad e independencia frente a un caso que los jueces”.

Por otra parte, señaló que “se contempla la posibilidad excepcional de trasladar la jurisdicción a otro lugar, pero es muy excepcional porque lo que se pretende es que no te juzgue gente extraña sino gente que comparte los valores de donde el hecho sucedió, pero aun así en ciertos casos podría ser que circunstancias lo ameriten y se juzgue en otro lado”.  

También explicó que “los jurados llegan con ideas y están informados, y está muy bien que eso suceda porque no queremos jurados tontos, pero una cosa es estar informado y otra cosa es ya tener posición tomada. A los que tienen posición tomada los sacan del jurado,  pero la mayoría de los jurados se toman muy en serio el trabajo que se les indica”.

Afirmó que “si en Entre Ríos se saca la ley sería la novena provincia en implementar el sistema junto con Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chaco, Mendoza y San Juan” y agregó que “en Santa Fe ya tiene media sanción”.

Sobre la posibilidad de ejercer presiones y amenazas sobre los testigos, Harfuch comentó que “los imputados ven a los jurados recién el día del juicio, y además no conocen los nombres porque tienen un numero colgado para identificarlos”. Afirmó que “el sistema de jurado tiene desde hace muchos años un sistema de correctivos que impide cualquier tipo de maniobras sobre ellos, y de protección” y a modo de ejemplo mencionó que “en Estados Unidos se juzgó hace unos meses al Chapo Guzmán, el más peligroso narcotraficante del planeta y fue condenado por 18 cargos por unanimidad por un jurado de 12 neoyorkinos”.

“Hasta ahora nunca hubo amenazas a un jurado, aunque sí se conocen amenazas a testigos, porque el sistema tiene sus propia protección normativa y es importante porque como se exige la unanimidad, es difícil sobornar a los 12. No se ha verificado ningún caso de presiones ni sobornos a un jurado”, planteó.

Explicitó asimismo que “en una primera etapa los delitos que van a juicio son los que tienen pena de 20 años para arriba, todavía no se juzgarán delitos de corrupción” y señaló que “Córdoba es la primera experiencia del país donde sí se juzgan delitos contra la administración pública y ha funcionado siempre normalmente”.

Aunque dijo desconocer casos de provincias donde se haya avanzado en juzgamiento de casos de corrupción, criticó que “el nivel federal argentino es patético porque tiene una Justicia como la de Comodoro Py que directamente es la no justicia y está preparada para que esos casos no lleguen”. “Pero hay otras provincias donde van mucho más rápido porque han reformado todo sus sistema, son más transparentes, los que investigan son los fiscales y no los jueces y eso permite un montón de otras posibilidades”, concluyó.