Por Nahuel Maciel

(Especial para ANÁLISIS DIGITAL)

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay reanudará mañana martes, el debate oral y público de la causa en la que está imputada por privación ilegítima de la libertad la religiosa Luisa Esther Toledo, quien fue al momento de los hechos priora del Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá, conocido como el Convento de las Carmelitas Descalzas.

En agosto de 2016, la edición papel de la Revista ANÁLISIS publicó una investigación periodística donde se brindaron detalles sobre la situación que vivieron dos religiosas a las que la madre superiora no permitía dejar el claustro del Convento, además de una serie de tormentos y mortificaciones a manera de crueles castigos.

Fue esta denuncia periodística la derivó en la intervención del Poder Judicial y desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso una Investigación Penal Preparatoria (IPP) que terminó con la imputación contra la entonces titular del convento, Luisa Esther Toledo, por la comisión del delito de privación ilegítima de la libertad, en dos hechos.

El Tribunal de Gualeguay está integrado por los magistrados Darío Crespo (quien lleva adelante la dirección del debate), y los vocales Javier Cadenas (segundo voto) y Alejandra Gómez (tercer voto).

El Ministerio Público Fiscal está integrado por el fiscal Rodrigo Molinas y el fiscal general coordinador de esa jurisdicción Jorge Gamal Taleb; mientras que la defensa particular de la imputada es ejercida por los abogados Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli.

Este juicio se inició el martes de la semana pasada y continúo los días 12 y 14 y se reanudará mañana martes; para continuar los días 19, 25, 27 y 28 de junio; aunque existe la posibilidad –por la dinámica de las audiencias- que este cronograma pueda acortarse si es que las partes acuerdan incorporar varios testigos por lectura.

La audiencia

Hasta el momento han declarado las dos víctimas, quienes ofrecieron un desgarrador testimonio sobre el infierno que vivieron bajo la tutela de la madre superiora Luisa Esther Toledo; además de dar elementos de convicción de los reiterados pedidos por escritos y orales que hicieron en su momento para abandonar el convento, pero que nunca fueron escuchadas.

También declararon familiares de las víctimas, quienes coincidieron en remarcar el deterioro que percibieron mientras vivían en el convento; las diversas crisis que atravesaron como consecuencia de los tormentos que se le aplicaban e incluso los riesgos de vida que muchas veces soportaron.

Para la audiencia de mañana martes se espera la declaración del director de la Revista ANÁLISIS, Daniel Enz, cuya investigación periodística permitió que no se siguieran afectando bienes jurídicos esenciales de la persona humana como el de la libertad y la autonomía de la voluntad, tal como lo describió el fiscal Gamal Taleb en su alegato de apertura.

Se trata de bienes “que son el fundamento de la dignidad humana”, recalcó el fiscal citando el libro de Immanuel Kant “Metafísica de las costumbres” (escrito en 1797 y que es una referencia en materia de filosofía jurídica y ética).

La imputada Luisa Toledo, en su condición de priora, es decir, de madre superiora del Convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, privó ilegítimamente de la libertad de las víctimas, además de infringirles tratamientos corporales que fueron calificados como verdaderos tormentos y que se los aplicó contra su voluntad y contra las reglas de la propia orden de las Carmelitas Descalzas.

Dichos castigos se cristalizaban a través de azotes mediante “disciplinas” (son una especie de látigo hecho de cáñamo usado para infligir un castigo mediante la autoflagelación, generalmente en la espalda o en las nalgas) o látigos; también a través del uso de cilicios (que son fajas de alambres que se usan apretando partes del cuerpo de la víctima como mortificación), e incluso las obligaba a permanecer encerradas en las celdas individuales, por varias jornadas a pan y agua.

En el caso de la primera víctima, la privación ilegítima de la libertad se registró al menos desde 2007 hasta el 1° de abril de 2013; y en el caso de la segunda víctima desde 2015 hasta 2016, cuando logró escapar por sus propios medios del convento.

La defensa particular

Los abogados Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli ejercen la defensa particular de la imputada Luisa Toledo. Y en los alegatos de apertura, Cullen advirtió al Tribunal que para ellos “desde lo racional jamás vamos a comprender a una Carmelita. Porque desde lo racional no vamos a entender ver la obra de Dios en un pájaro. Porque desde lo racional no vamos a entender cómo una persona va a estar rezando permanentemente. Porque desde lo racional no vamos a entender una Constitución medieval con normas del año 1.500; pero que están aprobadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina”.

“¿O acaso ahora pretenderemos cambiar la religión? ¿O acaso ahora pretenderemos desde lo racional cómo debe profesarse el vínculo con Dios? Eso es precisamente lo que no debemos permitir de un Estado, porque está protegido por la Constitución de la Nación”, aseveró

Y espetó: “Aquí se quiere entablar un juicio basado en la razón. La razón que precisamente niega la posibilidad de un milagro, niega la posibilidad de la intervención divina. No estamos frente a un juicio racional, ni siquiera frente a un juicio contrario al estado actual de la civilización. Estamos frente a un juicio contra la Iglesia Católica, donde se quiere poner en el banquillo a quien ha sido elegida por sus pares, a través de un voto democrático como priora del Convento. Así eligieron a la madre Luisa Toledo; sino que se llama la Madre Isabel porque es su nombre dentro de la grey católica”.

“No hay ninguna forma que este proceso pueda continuar hacia un final plausible, si nosotros no nos despojamos precisamente del uso fanático de la razón”, alegó; para solicitar “la absolución de Luisa Toledo y no cuestionar más a las Carmelitas Descalzas”.

La publicación

El 25 de agosto de 2015, la Revista ANÁLISIS, publicó la investigación periodística y que permitió se tome conocimiento de la existencia de esta situación delictiva. Así, el Ministerio Público Fiscal inició de oficio (“notitia criminis”) y entre las primeras medidas adoptadas fue la de solicitar al Juzgado de Garantías el allanamiento al Convento, dada la gravedad de los hechos publicados.

En ese procedimiento ya se pudo recolectar diversos elementos que permitió verificar la correspondencia de lo informado periodísticamente con la realidad. Se secuestraron látigos, cilicios y mordazas, entre otros objetos de claro poder probatorio.

Por eso para el fiscal Gamal Taleb, este juicio “será liberador y reparador para las víctimas en la medida que le permitirá explicar este penoso suceso de su vida ya no por la culpa propia sino por el comportamiento defectuoso de su autora, y desterrar del Convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá las prácticas medievales y aberrantes que son contrarias al estado actual de la civilización, al Estado de Derecho de la República Argentina y al sistema universal de los Derechos Humanos, que valen para todos”.