Comenzó el juicio por la tragedia ocurrida el 1 de enero de 2016 en el camping Lolen, ubicado en el Parque Nacional Lanín, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, cuando un roble les cayó encima provocándoles la muerte. Por este motivo habrá medidas de fuerza en los parques de todo el país.

Los guardaparques Matías Iván Encina, Diego Luis Lucca, Juan Ignacio Jones y María Mercedes Hileman está acusados por la fiscalía federal por la muerte de Matías Mercanti y Martina Sepúlveda, dos menores que se encontraban en el lugar junto a sus familias.

También son juzgados Milena Úrsula Cheuquepan y Juan Eduardo Delgado Abarzúa, quienes estaban a cargo de la concesión del camping cuando ocurrió la tragedia.

El argumento para acusar a los dos guardaparques, que estuvieron privados de su libertad durante 10 días, luego del hecho es que "debían haber sabido que el árbol se iba a caer", dijo con tono irónico el secretario general del Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina (Sigunara), Danilo Hernández Otaño, en declaraciones a PlazaWeb.

Hernández Otaño señaló que fueron justamente los guardaparques acusados quienes socorrieron a las víctimas tras el accidente. "Esto es lo difícil de digerir. Nadie puede saber cuándo se va a caer un árbol que ha plantado en su propio jardín. Cuánto más difícil, si no imposible es poder determinar cuándo se van a caer cada uno de los millones de árboles que hay en un Parque Nacional".

Este estado de malestar es el que dio lugar a las protestas desde este lunes en alrededor de 20 parques nacionales de todo el país, y expresiones de apoyo en diversas reservas naturales y áreas protegidas de la provincia, considerando además que, uno de los acusados (Juan Ignacio Jones) es un conocido de los guardaparques entrerrianos, ya que cumplió funciones hasta 2015 en el Parque Nacional Pre Delta, uno de los epicentros de la protesta en la provincia, junto con El Palmar.

Desde el lunes, cuando empezó la toma de declaraciones testimoniales, el personal de los parques permanece en estado de alerta y movilización, además de un paro de actividades en lo administrativo, con concentraciones en los accesos, volanteadas, pancartas e interacción con los visitantes. El objetivo es intentar “una sensibilización de la sociedad sobre la vulnerabilidad jurídica en la que el personal queda expuesto cuando la Ley no establece claramente que los riesgos de visitar un ambiente natural y agreste son aceptados por el visitante cuando voluntariamente decide acercarse a un Parque Nacional”, explicó el titular del sindicato.

El jueves, día de los alegatos y fecha en que comienza la cuenta regresiva para el dictado de sentencia (el tribunal tiene 10 días para pronunciarse), casi todos los parques nacionales del país estarán cerrados al acceso público, suspendidas todas actividades, el acceso a senderos, los espacios de uso público y las excursiones turísticas.

Además, en distintos espacios en los que operan los guardaparques, como es el caso del Parque General San Martín, área natural protegida del departamento Paraná, los trabajadores buscan informar a los visitantes sobre la situación, concientizar sobre los riesgos, en señal de solidaridad con sus colegas de la Patagonia.

Un fenómeno cotidiano

La pregunta que surge de inmediato es qué tendrían que haber hecho y no hicieron los acusados según la Fiscalía: “Aunque no está en la acusación deberían haber cortado ese árbol para evitar que ese árbol se cayera cuando fuera el momento natural”, dijo el Hernández Otaño.

Sobre este punto surge la discusión sobre cuáles son los alcances y límites de las funciones, formación y obligaciones de los guardaparques: "El personal de guardaparques no tiene ni la formación ni las herramientas tecnológicas necesarias para poder determinar con cierto grado de certeza cuál es la fecha, por lo menos aproximada, en la que un árbol va a caer. Para muestra basta recorrer cualquier playa de los lagos de los parques nacionales andino-patagónicos y ver que, al día de la fecha, ocho años después del accidente".

En ese sentido, el representante de los trabajadores señaló que es “inmensa” la cantidad de árboles de aspecto similar al que cayó el 1 de enero de 2016, que todavía están en pie y podrían seguir así por 80 o 100 años más, sin diferencia física “observable ni detectable”, por lo cual predecir su caída o permanencia en pie es una misión “imposible".

“El árbol que se cayó no estaba ni seco ni con las hojas marchitas ni con el tronco podrido. No se partió el tronco por estar hueco o podrido o enfermo. El árbol se cayó entero, estando vivo y con una copa verde y frondosa, es decir, sin ningún signo de evidente caída o próxima caída", resaltó Hernández Otaño.

Por otro lado, cabe señalar que la caída de árboles en los bosques andino-patagónicos es un fenómeno natural frecuente, prácticamente cotidiano, en cualquier día de viento.

"La acusación excede las funciones", cuestiona el sindicato

El dirigente del sindicato de guardaparques advirtió que, en la práctica, a menudo el guardaparque es la única cara visible, la única presencia institucional por parte del Estado nacional en muchos kilómetros a la redonda. “Esto hace que tengan una tendencia a hacer no solamente aquello que les corresponde reglamentariamente, sino un montón de cosas que no les corresponden, porque si no las hace el guardaparque no hay otra persona que las vaya a hacer, desde mantenimiento de infraestructura hasta tareas de prevención de riesgos”.

Sin embargo, en el decreto reglamentario que establece la misión, funciones, atribuciones y obligaciones del personal del cuerpo de Guardaparques nacionales “no figura la seguridad de las personas”, sostiene los trabajadores. “Lo más parecido a eso –sostiene Hernández– es la de asistir a las víctimas de un siniestro, cosa que se hizo y el resultado fue que los dos primeros guardaparques que llegaron resultaron presos por orden de la fiscal”.

"La acusación excede las funciones, por lo tanto, no existiría el supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario. No hay función, por lo menos del guardaparque, velar por la seguridad de las personas tal cual lo establece el Decreto 56 del año 2006".