Tras la creación del Ente de Control de la Hidrovía Paraná-Paraguay, cuestionaron que se haya hecho con “la deliberada ausencia de la participación de la ciudadanía”.

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), se creó el Ente de Control de la Hidrovía Paraná-Paraguay. En ese marco, fundación CAUCE y Taller Ecologista cuestionaron la “deliberada ausencia de la participación ciudadana”.  

Reiteraron que “los ecosistemas continúan sin protección y que el DNU profundiza el modelo extractivista vigente y su mega infraestructura asociada, sin considerar las consecuencias ambientales y territoriales que genera”.

A través de un documento, las organizaciones realizaron un pormenorizado análisis de la letra del Decreto 556/2021, con fecha 24 de agosto de 2021, firmado por el Presidente de la Nación Alberto Fernández.

“En primer lugar nos alerta la calidad del decreto ya que la constitución de este órgano de control, si bien ha sido esperado por más de 25 años que duró la concesión anterior, no ameritaba una decisión de este tipo. No advertimos circunstancia alguna que permita al Presidente de la Nación emitir una disposición de este tipo que, claramente, tiene neto corte legislativo”, señalaron las organizaciones en el documento conjunto. “Entendemos que son lxs legisladorxs quienes tienen el poder otorgado por el Pueblo de la Nación argentina para debatir y regular normativamente este tipo de situaciones y necesidades; más aún cuando se trata de un asunto de tanta relevancia como es el control y gestión de esta vía navegable”.

En segundo lugar, destacan que 25 años después sigue estando ausente la participación ciudadana: “En los considerandos del Decreto se hace referencia a mecanismos de participación, a la necesaria concurrencia de actores públicos y privados para dar respuesta a las necesidades productivas y al desarrollo económico federal. Sin embargo, la participación se ciñe directamente a los actores interesados en el tráfico fluvial, en su ampliación, en su mayor desarrollo y no existe lugar para la participación ciudadana, es decir, para que la ciudadanía interesada y, en particular las comunidades afectadas por esa infraestructura intervengan en las decisiones sobre sus territorios”.

En este punto, a su vez, subrayan que el actual contexto normativo es totalmente favorable para diseñar, implementar y definir reales espacios de participación ciudadana en los ámbitos en los que se definirá el futuro de ecosistemas, de territorios y la continuidad o no de un determinado modelo productivo extractivista. Al tiempo que recuerdan que las normas que habilitan la participación ciudadana ya existían en Argentina y se han visto reforzadas con la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, que fue aprobado por ley del Congreso de la Nación en noviembre de 2020.

“No es posible desconocer la importancia y la necesidad de adoptar este instrumento de política y gestión ambiental que tantas veces ha sido requerido por las organizaciones de la sociedad civil, durante años y puntualmente hace pocos meses cuando presentamos la Propuesta al Consejo Federal de la Hidrovía”, aseguran.

Los ecosistemas siguen sin protección

Asimismo, dentro del detallado análisis, ponen de manifiesto que los ecosistemas fluviales siguen sin protección, y el ínfimo lugar que en el DNU se le otorga al cuidado y protección del ambiente. “La ausencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Consejo Directivo implica un claro déficit en materia de cumplimiento de la normativa ambiental, tanto en el proceso de confección de los pliegos licitatorios como posteriormente, en el control de las concesiones y, en general, en la planificación de esta mega infraestructura implantada en ecosistemas fluviales”, señalan.

Además, las organizaciones advierten que se han desoído los debates, reflexiones y peticiones realizadas desde la sociedad civil, reclamando un cambio de modelo productivo y un cambio de gestión de las vías fluviales y el transporte en nuestro país. Más específicamente, las propuestas presentadas por organizaciones socioambientales ante el Consejo Federal de la Hidrovía no fueron consideradas.

Finalmente aseguran con contundencia: “La situación, conforme se puede advertir en el texto de este Decreto, continuará del mismo modo que en los últimos 25 años; sólo que ahora se contará con un organismo para controlar la profundización del modelo extractivista actualmente vigente y su mega infraestructura asociada, sin considerar una vez más las consecuencias ambientales y territoriales que genera”.

Documento de posición sobre el reciente decreto de creación del Ente de Control de la Hidrovía Paraná-Paraguay