El abogado penalista, especialista en la materia, Andrés Bacigalupo, se refirió al nuevo proyecto que analiza el Senado nacional, cuyo autor es el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y a la reglamentación de la ley provincial que aún no se emitió.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Bacigalupo recordó que “la ley provincial de acceso al cannabis medicinal se publicó en el Boletín Oficial el pasado 21 de mayo es decir que ya es una ley en vigencia pero ha sufrido una traba burocrática en su aplicación debido a que no se ha reglamentado, lo cual es necesario para hacerla operativa ya que implica la creación y estructura en sí de la autoridad de aplicación, del consejo consultivo y todos los órganos que hacen a su aplicabilidad”.

Explicitó que “el 21 de mayo salió con un plazo de 60 días para reglamentarla con lo cual el Estado provincial todavía está a tiempo para reglamentarla y por eso las organizaciones locales se acercaron al Ministerio de Salud para ofrecer su colaboración en el armado de la reglamentación, pero hasta ahora no hubo muchos avances en ese sentido y no hubo respuestas ante ese ofrecimiento de colaboración”.

Ante ello, admitió que la posibilidad de que no se logre la necesaria reglamentación “es un temor que tenemos siempre en materia de cannabis medicinal, porque siempre las legislaciones son zigzagueantes, contradictorias, y cuando se logra un avance atrás aparece una noticia que causa frustración, y en general se avanza un paso y se atrasan dos”.

En ese sentido, rememoró que “en Argentina hace dos años cuando apenas asumía Alberto Fernández teníamos una visión creíble de que se iba a proceder para tener un régimen totalmente integral y regulado del cannabis, como sucede en otros países como Canadá o Uruguay, y que específicamente se iba a proceder a la despenalización pero luego ese proyecto se vio truncado; luego se avanzó hacia un modelo de regulación de cannabis medicinal y las provincias solamente pueden avanzar en ese sentido porque no pueden proceder a una despenalización; y ahora la última noticia es la presentación ante el Senado de la Nación del proyecto del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que se encuentra en discusión de la comisiones específicas”.

Respecto de dicha iniciativa, mencionó que “el tema de la participación de las provincias es el más actual en esta discusión; es una verdadera discusión sobre si las políticas del Estado relativas a la producción del cannabis medicinal se van a encaminar hacia el punto de vista federal o unitario. Hay mucha división y recelo, en cierto sentido los gobernadores tienen mucha razón de que esta ley les quitaría la soberanía a las provincias al crearse una Agencia Nacional ya que en la ley se postula como la única autorizada para emitir licencias, y eso lleva a pensar que es un golpe directo hacia el federalismo y la soberanía de las provincias”.

Como ejemplo, mencionó que “en la ley de Entre Ríos se preveía un régimen de producción en la provincia, articulo que se vería inaplicable o abstracto si se aplican los criterios que quieren aplicar a nivel nacional, en el sentido de que las provincias no tendrían la atribución legislativa para producir cannabis medicinal”.

El abogado evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que no se cumpla el plazo para emitir la reglamentación ya que reconoció: “Tampoco esperábamos la promulgación tan rápido y salió de improviso, y también hay que tener en cuenta que el Ministerio de Salud lógicamente puede verse desbordado por atender cuestiones atinentes a la pandemia; son cuestiones políticas internas y burocráticas que no manejo en cuanto a la oportunidad y la logística para reglamentar estas cosas. Si puedo decir que por todo esto se ofreció colaboración con la reglamentación del mismo en que lo hicimos con la redacción de la ley”.

Explicó además que “estas leyes son leyes de reconocimiento de derechos y en la práctica nadie se puede inscribir en un registro de cultivadores que no está creado, por lo cual lo que están haciendo es inscribirse en el Reprocann (Registro del Programa de Cannabis para el cultivo controlado) que es el registro a nivel nacional que también tiene sus limitaciones y su burocracia”.

“En materia de cannabis los gobiernos y autoridades provinciales esperan siempre las resoluciones de Nación, para hacer un copie y pegue, y no avanzan de manera tan federativa. La excusa del gobierno es que las provincias no pueden legislar en materia de estupefacientes, pero acá en realidad no se estaría legislando en esa materia sino que el cannabis mutó su estatus jurídico y las leyes son de orden sanitario; la atribución de las provincias es para dictar leyes en materia de salud y el autocultivo fue reconocido como el ejercicio del derecho a la salud por el Estado nacional”, explicitó.

“Cuando el Estado nacional crea una ley reconociendo ese derecho es lo que en la doctrina constitucional se denomina marcos mínimos que luego las provincias, al ser derechos fundamentales, tienen facultad para ampliar. Esto sucede por ejemplo en derecho ambiental, y la discusión pasaría por ahí pero más allá de la cuestión del federalismo una de las principales críticas es que se está procediendo de un modo privilegiado hacia una faz productiva y comercial del cannabis sin traer a debate el tema de la despenalización, lo que causa mucha irritación social”, argumentó.

“Se termina administrativizando mucho más toda la vida del cannabis con el arma penal amenazando detrás cuando se incumple la norma administrativa”, concluyó.