Los integrantes del colectivo ambientalista “Basta es Basta” de la provincia denunciaron al Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, por el delito de “instigación a desobedecer la autoridad” dadas sus declaraciones periodísticas en las que negó la sentencia vigente sobre las distancias para fumigar y alentó a los productores a incumplir con la ley que garantiza mil metros para las aplicaciones terrestres y tres mil metros de protección para el caso que se haga de forma aérea, en inmediaciones de escuelas rurales.

“El amparo está vigente, le guste o no a Rodríguez Signes”, indicaron, además de señalar que el Fiscal de Estado “en vez de defender a los fumigados, defiende a los fumigadores”.

El viernes pasado se conoció la decisión del Vocal de la Cámara Civil y Comercial, Sala III de Paraná, Virgilio Galanti, quien resolvió admitir parcialmente la demanda deducida por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y, en consecuencia, estableció la nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad de los Artículos 2º, 3º y 4º del Decreto 2239/19 GOB, y de las restantes normas que en el mismo y en su Anexo importen reglamentación y/o aplicación de los artículos cuya inconstitucionalidad dispuso la Justicia.

Se trata de la causa Nº 9850 “Foro Ecologista de Paraná y otro C/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos S/ acción de amparo”, relativo a las distancias que deben respetarse para fumigar en inmediaciones de escuelas rurales.

La acción de amparo se vincula con las sentencias recaídas en el Expediente Nº 10.711 (a la que denomina causa madre) del 1° de octubre de 2018, ratificada por el STJ de Entre Ríos el 29 de octubre el año pasado de acuerdo al Expediente Nº 9624, ratificada por el STJ el 14 de mayo pasado.

Ese mismo viernes, Rodríguez Signes brindó una entrevista en el programa “Campo en Acción” que se emite por Radio Nacional. El fiscal respondió ante la pregunta del periodista agropecuario Miguel Ruberto sobre la situación legal en la que se encuentra hoy un productor, y en forma textual sostuvo: “La sentencia no está firme, es decir, en la medida que la provincia interponga un recurso de apelación está vigente el Decreto 2239”.

Desde el colectivo Basta es Basta se le recordó al fiscal que él “es un funcionario público con responsabilidades especiales frente a la ciudadanía, su accionar tendencioso no sólo incita a la ilegalidad, sino que genera un daño grave a las instituciones y al sistema democrático”.

“Después intenta confundir aún más cuando continua: recién volveremos atrás si el Superior Tribunal confirma la sentencia, mientras tanto está vigente el Decreto 2239”, advirtieron los ambientalistas.

“Estas afirmaciones configuran una grave mentira jurídica, inconcebible en boca de un funcionario con ese nivel de responsabilidad que conoce perfectamente el funcionamiento de los procedimientos legales”, reprocharon.

“Esta es la segunda vez que la atrevida verborragia del Fiscal Rodríguez Signes genera confusión. El año pasado obligó al Tribunal Superior de Justicia a tener que salir responder que el fallo seguía firme pese a la apelación del Gobierno”, le recordaron.

“Pero la sentencia está vigente. Si el Estado apela, corresponde esperar a que la Justicia conceda o no esa apelación de la Provincia. Si eso sucede, según el Artículo 15° de la nueva Ley de Procedimientos Constitucionales de la Provincia, el recurso se concede con efecto devolutivo. Esto significa que la sentencia continua vigente y debe ser aplicada, aunque esté apelada. Repetimos, para los productores que el fiscal confunde: la apelación NO suspende la aplicación de la sentencia”, insistieron desde el colectivo Basta es Basta.

“Por lo tanto, cualquier pulverización debe respetar las distancias de mil metros terrestres y tres mil aéreos. Le guste o no al Fiscal de Estado porque para eso existe un Estado de Derecho”, le reprocharon.

“Los dichos de Rodríguez Signes son absolutamente ilegales. Fue denunciado por instigación al incumplimiento de ley, de una sentencia vigente y porque incurre en incumplimiento de su función pública y pone en peligro la salud pública”, resaltaron; para agregar: “Sin mencionar la completa falta de ética al desconsiderar la actuación de la Justicia y demostrar, por tercera vez, su parcialidad y la evidente decisión de defender intereses privados sectoriales”. 

También aclararon que fiscal de Estado fue denunciado por instigar a desobedecer a la autoridad.

“Esto lo explica la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado N° 7296, en el Artículo 1° donde se establece que el deber público del Fiscal consiste en hacer respetar la Constitución de Entre Ríos que es muy precisa en materia ambiental y el Artículo 15°”, donde menciona las incompatibilidades con la función y que dice: “(…) tampoco podrán asesorar, representar o patrocinar a particulares en asuntos judiciales, extrajudiciales o administrativos en los que sea parte o tenga interés la Provincia, las municipalidades y sus entes autárquicos o descentralizados”.

“Igual prohibición se observará para los casos en que tales particulares realicen contratos, convenios u operaciones con los referidos entes, o sean concesionarios de obras o servicios públicos”. Pero, Rodríguez Signes asesora, reúne, defiende y se fotografía con la cámara de la industria química y los responsables de las aplicaciones desastrosas y masivas de agrotóxicos sin ningún tipo de control ambiental”, le enrostraron.   

“Advertimos de esta conducta improcedente de nuestro Fiscal de Estado que arriesga nuestro sistema de justicia y nuestra democracia. Instamos no apenas a una legalidad formal sino a la responsabilidad y prudencia de nuestros funcionarios públicos”, destacaron desde la Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos

Basta es Basta.