Existen hoy 13.378.912,63 hectáreas que están registradas en manos de extranjeros. En consecuencia, hay recursos naturales estratégicos que quedan dentro de las propiedades privadas sin establecerse un acceso público. Esto conlleva falta de control público, regulación sobre el impacto ambiental y provoca permanentes tensiones por el desalojo de las comunidades originarias.

En 2011 fue sancionada la ley 26.737, conocida como "Ley de Tierras", sancionada con el fin de poner límites a la adquisición por parte de extranjeros en el país, pero en 2016 se produjo una modificación para permitir la compra de propietarios del exterior y así poder "facilitar inversiones", según había anunciado entonces el presidente Mauricio Macri. A dos años de esa medida, el Equipo de Investigación de Perfil Educación comprobó en base a datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) que la extranjerización de la tierra sobre recursos naturales estratégicos va en alza.

Hay lugares en los que se excede el parámetro permitido de adquisición de tierras por parte de extranjeros, que originalmente se había estipulado que fuese del 15% como máximo. En diálogo con el Equipo de Investigación Cristina Brunet, directora del RNTR, explicó que cada gobernación puede negociar ese porcentaje y establecer la paga de una penalidad, en caso de que haya recursos naturales en juego y de acuerdo a la ubicación y riqueza de las tierras. También hay que considerar que la normativa no afecta los derechos adquiridos. Es decir, que si un extranjero o empresa poseían tierras antes de la sanción de la ley, sería inconstitucional que el Estado se las expropie. 

Entre las zonas con altos porcentajes de extranjerización en los últimos años se encuentran Campana en Buenos Aires con el 50,27%, Iguazú en Misiones con el 38,80%, o Lacar en Neuquén con el 53,38%. Pero el ranking lo encabezan las históricas localidades salteñas de San Carlos con 59, 82% y el departamento de Molinos con 57,79%, son las que mayor porcentaje de extranjerización de tierras poseen, en su mayoría, pertenecientes a capitales estadounidenses y suizos, entre otros.

Otro caso particular es Jujuy, donde el 26.06 % de las tierras del departamento de Humahuaca son extranjeras. Desde el nororeste argetino, Lino Castro, miembro de la Asamblea Popular de la Puna y del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), denuncia al estado provincial, a cargo de Gerardo Morales por la expropiación de 1200 hectáreas para ser destinadas a la radicación de una zona franca en las localidades de La Quiaca y Perico. Morales sostiene que cuenta el aval del convenio firmado por el gobierno nacional, que autorizó la instalación de zonas francas en la provincia.

A la facilidad que dan las provincias para la adquisición y explotación económica de las tierras, se le suma la problemática de los recursos estratégicos que quedan dentro de las propiedades privadas sin establecerse un acceso público, o de su ubicación en zonas de seguridad de frontera, lo cual es inconstitucional.

En Río Negro, por ejemplo, fue denunciado el caso de Joe Lewis, por la “privatización” del Lago Escondido pero el empresario británico fue defendido por el propio Macri. Sin embargo Lewis, que entre otros emprendimientos es también dueño de Edenor, fue llevado a la justicia por Magdalena Odarda, senadora del Frente para la Victoria, por varias ilegalidades como no permitir una “servidumbre de paso” y negar el tránsito del camino de Tacuifí, que permite el acceso rápido al Lago Escondido.

No se trata de una cuestión ideológica de si los extranjeros deberían ser dueños o no de la tierra argentina, sino por cuidar los intereses de la nación, comentó Alejandro Meyer, perteneciente a la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA) y referente de la Marcha por la Soberanía. Esta movilización por cuarto año consecutivo ingresó a las tierras de Lewis, que posee en El Bolsón, en reclamo por el acceso al lago, un recurso natural público al que el magnate cuya fortuna se estima en ‎U$ 5,3 mil millones, niega acceso por ser parte de su propiedad. 

Mientras que una nueva muestra de inversiones extranjeras en ese sector estratégico para los recursos naturales de Argentina es la reciente adquisición del emir de Catar, Hamad bin Jalifa al-Thani quien compró 28 mil hectáreas aledañas a las propiedades de Lewis.

Otro jeque árabe que adquirió tierras argentinas es Alí Albwardy, que desde hace algunos años viene realizando inversiones en la provincia de Misiones. Dueño de una compañía holding invirtió en las Cataratas US$ 80 millones en 2018 y espera expandirse. El empresario instaló el hotel Meliá, ex Sheraton, que inauguró junto a Macri, el pasado diciembre. Un detalle que opaca el perfil del jeque es que en 2006, un documento de Wikileaks lo acusó por sobornar al presidente de Tanzania, Jakaya Kikwete, y por una donación de US$ 1 millón al partido gobernante. Se estima su fortuna cercana a los US$ 20.000 millones.