La pericia contable que hizo uno de los técnicos del Poder Judicial entrerriano pudo determinar que el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, administró más de 11 millones de dólares “en negro” del exgobernador Sergio Urribarri. El informe, de más de 50 carillas, fue enviado en PDF a fines de la semana pasada a cada uno de los abogados defensores de allegados a Urribarri y se oculta bajo siete llaves, según confirmó ANÁLISIS. Comprende el período 2008/2015 y se basa en la amplia documentación que se halló el año pasado en las oficinas del empresario paraguayo, en Capital Federal.
Daniel Enz
Los abogados defensores de la familia Urribarri se agarraban la cabeza la semana pasada, cuando fueron notificados por el Ministerio Público Fiscal de la provincia del informe de 50 carillas realizado por el perito contable del Poder Judicial entrerriano. No podían creer sobre el escandaloso resultado final del trabajo que demandó más de un año de trabajo y que giró en torno a los papeles, informes, saldos de tarjetas de créditos, viajes internacionales, agendas, documentación variada, que encontraron en el estudio del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, en avenida Córdoba, de Capital Federal. Cada uno de los letrados que circulan alrededor de los Urribarri recibió un correo electrónico, con el PDF del informe contable y una conclusión impensada: entre diciembre de 2007 y diciembre de 2015, Cardona Herreros administró más de 11 millones de dólares que pertenecían a la familia del exgobernador. Es decir, un gasto “en negro” de algo más de 1.400.000 dólares por año. El informe daba cuenta de cada uno de los detalles del movimiento de dinero en pesos y dólares y, a la vez, tenía hipervínculos que iban directamente a diferentes documentos de la causa por enriquecimiento ilícito en trámite.
Los datos fueron confirmados a ANÁLISIS por lo menos por dos abogados vinculados a la causa, aunque en todo momento se negaron a aportar más información fina sobre el contenido de esas 50 carillas, llenas de números y datos precisos. La misma actitud tuvieron en ámbitos tribunalicios, en la causa por enriquecimiento ilícito contra el exgobernador Sergio Urribarri y varios integrantes de su familia, administrada por los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Nadie desconoce en la justicia penal del esfuerzo que hace Urribarri y sus abogados para demostrar que el kirchnerismo está pronto a recuperar al poder y que, al liderazgo de Alberto Fernández como presidente del país, podría determinar “beneficios” en las causas para el exmandatario y varios de sus allegados familiares y políticos. En cada uno de los últimos pronunciamientos del exgobernador -en especial como respuestas a notas periodísticas de esta revista o del programa Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral), no solo se muestran marcadas advertencias al periodismo que lo pone en el tapete -donde cada vez somos menos los que, lamentablemente, mantenemos esa conducta y línea editorial que se ha ejercido durante los últimos 30 años-, sino que, además aparecen claros mensajes codificados para los miembros de la justicia que se han ocupado o se ocupan de su figura en los últimos años.
(Más información en la edición gráfica 1103 de la revista ANALISIS del jueves 29 de agosto de 2019)
