D.E.
Todo indica que Sergio Varisco ganará las elecciones PASO el 14 de abril. Pero casi un mes después comenzará su calvario judicial, que lo debe tener más preocupado que su salud y su necesidad de ganarle a Adán Bahl, el candidato justicialista que mejor posicionado se encuentra, según las últimas encuestas. Es que el 13 de mayo arrancará el juicio oral que lo tiene como imputado por peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, que se extenderá hasta el 23 de mayo, que fuera elevado por la fiscal Patricia Yedro el año pasado. Además de Varisco, están imputados el secretario de Legal y Técnica del Municipio Walter Rolandelli –candidato a concejal de Paraná- y el titular de la Mutual Modelo, Ángel Emilio Picazzo. La causa se inició tras una denuncia del diputado provincial Gustavo Guzmán (PJ). La fiscal Yedro, en su elevación, consideró que hubo una decisión de "favorecer" económicamente a la mutual cuando, el 22 de enero del 2016, pidió al Municipio un adelanto financiero de 1,5 millones de pesos para paliar su situación económica. Cabe acotar que la concejal María Marta Zuiani (Cambiemos) es esposa del Adrián Bruffal, tesorero de la mutual, aunque siempre se lo ha sindicado como su verdadero dueño.
Para concretar la maniobra, en base a lo acordado previamente, el secretario legal y técnico Rolandelli, emitió el dictamen fechado en 28 de enero de 2016, mediante el cual recomendó el otorgamiento del adelanto, garantizándolo con los fondos de ayudas económicas aprobados por el “CUAD”, pese a las observaciones previas hechas por el contador general, Eduardo Campdesuñé, emitiéndose en la misma fecha, la orden de pago Nº C 153/16, la cual no se hizo efectiva. Fue anulada a los pocos días, luego de la misma mutual iniciara otro expediente con idéntico objeto. A raíz de esa segunda presentación, efectuada por Ángel Picazzo, en su carácter de presidente de la organización, Sergio Varisco, el 4 de febrero de ese año, otorgó un anticipo de pesos 1.500.000 pesos, “a fin de paliar la situación financiera que atravesaba la entidad originada por los saldos no cubiertos por los agentes municipales”. De esta manera, según la fiscal, afectó fondos públicos que el intendente tenía a su disposición en virtud del cargo que ostentaba. Para concretar la maniobra, en base a lo acordado previamente, el funcionario Rolandelli emitió el dictamen Nº 8416, de fecha 4 de febrero y en el mismo día suscribió un convenio con el presidente de la entidad y emitió el Decreto Nº 371, ratificándolo, a sabiendas de las observaciones que días previos había efectuado el contador General del Municipio, Eduardo Campedsuñé, respecto a los riesgos que existían para el recupero de los fondos.
De acuerdo con la elevación judicial, “se encuentra debidamente acreditada la materialidad o existencia de los injustos y la participación de los imputados en los mismos, en el carácter de autores y partícipes primarios”. Se logró acreditar el adelanto a la mutual, lo que –según indicó Yedro- “encubría una simple detracción de fondos públicos para favorecer a un particular, habiéndose constituido contratos de mutuo en la misma fecha del dictado de los decretos, sin establecer siquiera en los mismos las fechas de pago de la devolución del dinero prestado, y sin pactar intereses o estableciendo una tasa sumamente preferencial en la segunda fase de la ejecución”.
(Más información en la edición gráfica número 1094 de la revista ANALISIS del 4 de abril de 2019)
