Luciana Dalmagro

—Hace 10 años que es fiscal de Estado. ¿Cuál fue el contexto de su llegada al cargo?
—Asumí en marzo de 2008. Sustituí a Claudia Mizawak, que se fue al Superior Tribunal de Justicia. En marzo habían sido las elecciones generales en la provincia. También se convocó en esos meses a la convención constituyente. Con Sergio Urribarri nos habíamos conocido siendo diputados en el mandato 1999 – 2003 y en julio de 2008, ya siendo gobernador electo, me ofreció ser fiscal de Estado. Acepté porque sentí que estaba preparado. Estaba en pleno ejercicio de la profesión, había sido concejal, diputado. Me sentía con posibilidades de tener un buen desempeño. Urribarri asumió en diciembre, mandó el pliego al Senado y así asumí yo en marzo, hace ya 10 años atrás.

—Hay en trámite causas por presuntos hechos de corrupción coincidentes con la gestión de Urribarri con usted como fiscal de Estado. ¿Qué dice al respecto? ¿Esto expone fallas de los organismos de control?
—El punto clave de las fallas en cuanto al control de legalidad está en que nuestra Ley de Procedimientos Administrativos data de 1944. La hizo un coronel en aquella época en forma de decreto ley y se transformó en ley en 1983 por validez tácita que le dio la Legislatura. Esa ley tiene un pecado enorme y es que no establece cuáles son los elementos esenciales de un acto administrativo, que debe tener objeto lícito, causa, finalidad, motivación y forma. La ley nuestra no contempla estas cosas. Debemos ser la provincia más atrasada en materia de procedimientos administrativos. Y lo peor es que la normativa no establece el dictamen jurídico obligatorio, al menos frente a determinados actos y contratos. En la práctica, los ministros piden asesoramiento a sus equipos de abogados, pero en la ley eso no está. Eso comporta una de las falencias más graves del sistema. Hace tres años presenté en un congreso de Derecho provincial un proyecto de ley incorporando estas cuestiones. Ahora el gobierno impulsa una reforma que las contendrá. La ministra de Gobierno Rosario Romero motoriza un proyecto en el cual estos aspectos están contemplados.

—¿Y mientras tanto los controles vienen funcionando?
—Hay un dato que es crucial: entre el 2 de enero de 2008 y el 2 de enero de 2018, la administración pública generó 1.229.536 expedientes y sobre ese total cabe preguntarse cuántas causas judiciales hay. Esto no significa justificar nada, pero no hay un millón de causas judiciales, ni 500.000, ni 50.000, ni 10.000, ni 1.000. Habrá, a lo sumo, 40 o 50, es decir que no es que esto sea un desorden absoluto. De ese millón y pico de expedientes, a la Fiscalía de Estado entraron para dictamen 9.865, sobre los cuales se ejerció el control de legalidad. Esto es así porque la Fiscalía de Estado no hace un control masivo. Al control de legalidad lo hacen los organismos de asesoramiento jurídico de cada repartición, al control preventivo lo hace la Contaduría General y al control posterior, el Tribunal de Cuentas. La Contaduría General tiene un delegado en cada organismo. Y también hay delegados del Tribunal de Cuentas. Hay control y los sistemas funcionan bastante bien. ¿Hay causas judiciales? Claro. No puede no haberlas después de años de gestión. Si no hay causas, algo no estaría funcionando. Somos humanos y cometemos errores. Pero las causas judiciales son pocas en relación a los millones de pesos que mueve la administración pública. El presupuesto está en el orden de los 90.000 millones de pesos por año. Si uno lo multiplica y lo actualiza, queda claro que el sistema funciona, aunque hay cosas para mejorar. Con esto no quiero justificar a nadie, pero sí colocar las cosas en el lugar en que tienen que ir.

—¿Qué pasa si en alguna causa hay condena? ¿La Fiscalía de Estado debe reclamar una reparación?
—Si el Tribunal de Cuentas determina que hubo un perjuicio, la Fiscalía de Estado reclama la reparación del daño. Esto se ha hecho, por ejemplo, en la causa Rossi. Hubo una condena penal por enriquecimiento ilícito, pero el Tribunal de Cuentas no determinó un monto, por lo cual una vez que salió la sentencia les enviamos el expediente para que se determinara el perjuicio, notificamos a Rossi, hizo un convenio y pagó. Hay muchos casos. Otro es el de Yedro, donde hubo una condena penal por enriquecimiento ilícito, hubo un decomiso del bien que ordenó la sentencia y yo personalmente tomé posesión del campo. Puede haber intervención del Tribunal de Cuentas determinando el perjuicio, envío del expediente a la Fiscalía de Estado y se dispara primero la intimación y, si no, la demanda. En otros casos, el Tribunal de Cuentas puede determinar un perjuicio, pero puede ocurrir que se plantee la demanda, como ocurrió en el caso del ex gobernador Sergio Montiel por la compra de un avión, y el juicio se pierda. El Poder Judicial entendió que, si hubo perjuicio, no fue por el obrar negligente, doloso o culposo del funcionario, sino porque hay veces que en la administración ocurren estas cosas. Puede haber un daño y puede no haber una responsabilidad determinada. De hecho, aún hoy se están pagando gravísimas consecuencias por la privatización del Banco de Entre Ríos y no hay nadie condenado ni imputado. Debemos llevar pagados más de 1.000 millones de pesos al fondo compensador. También de la privatización primero y de la estatización después del Frigorífico Regional Santa Elena todavía se están pagando enormes daños. Otro caso es el de EPEER, que fue estatal, privada y de nuevo estatal. De la privatización todavía hay un ente residual. Podría brindar un largo listado de daños al Estado que no han ido en paralelo con causas penales.También están los casos que pueden terminar en condena, pero no conllevan un daño. Si hay enriquecimiento ilícito, seguramente hay daño. Pero no en otro tipo de delitos, como puede ser una negociación incompatible.

(Más información en la edición gráfica número 1075 de la revista ANALISIS del jueves 5 de abril de 2018)