L.D.
La marcha de las investigaciones por delitos de corrupción en la administración pública es casi una obsesión para el abogado Rubén Pagliotto, denunciante en varias de las causas más emblemáticas. Y de eso comienza a hablar apenas iniciada la entrevista en su estudio de calle Laprida, custodiado por un policía desde febrero del año pasado, cuando desconocidos forzaron la entrada y se llevaron documentación. Se refiere a lo que considera que son demoras en las pesquisas y esboza una explicación en la que distribuye responsabilidades entre los tres poderes del Estado.
“Los tiempos de tramitación de las causas exceden lo esperable y la ansiedad de uno que hace las denuncias, pero lo cierto es que el cuerpo de fiscales que investiga no tiene la estructura necesaria para avanzar en forma más eficiente y en menor tiempo. Patricia Yedro y Santiago Brugo, que llevan una de las causas más pesadas, que es la de enriquecimiento ilícito contra el ex gobernador Sergio Urribarri, tienen un solo empleado. Las oficinas de ellos y las de Ignacio Aramberry y Juan Malvasio, que son los que más se dedican a estas causas, están ocupadas en un 80 por ciento con cajas con documentación. Y no sólo tienen estas investigaciones complejas y farragosas, sino también accidentes de tránsito, robos, todo. No se pueden dedicar full time. Recién ahora tienen un contador que asiste a todos los fiscales en las causas de corrupción administrativa”, describe.
—¿Quién es responsable de este estado de cosas?
—Le imputo la mayor responsabilidad al procurador General Jorge García, porque cuando tuvieron la oportunidad de mandar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal omitieron enviar algo que no es un capricho nuestro, sino que está en el artículo 208 de la Constitución reformada en 2008, que específicamente habla de crear en ese ámbito una fiscalía especializada en delitos de corrupción. Si el procurador quisiera, empujaría esto, pero no lo hace. Por otro lado, le endosamos muchísima responsabilidad al Poder Ejecutivo, pero también a la Legislatura, porque si los legisladores quisieran podrían ponerse de acuerdo y hacer una ley que le dé operatividad a la manda constitucional. De todos modos, aún con todas las limitaciones, los fiscales trabajan muy bien. Hay cosas que no se conocen, que uno sí sabe como abogado denunciante. Hay avances. Muchos más que los que la prensa comunica. Pero no quizás al ritmo deseable. Falta voluntad política, acompañamiento y que la Justicia rompa esa costumbre de manejar el timing político de investigar a quienes ya no están en el poder. A Urribarri le cayeron con todo el peso al día siguiente que se fue del gobierno, no antes. No se investiga en tiempo real.
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS del miércoles 7 de junio de 2017)
