Antonio Tardelli
Al tema se refirió nuevamente esta semana el intendente de Paraná, José Carlos Halle, un peronista enrolado en el bustismo y por lo tanto enfrentado al gobernador Sergio Urribarri. Ocurre que el espacio liderado por el actual presidente de la Cámara de Diputados no se caracterizó en su momento por haberse apartado de una visión de la prensa puramente instrumental. Pero en todo caso el vínculo entre gobierno, empresarios y órganos comunicacionales configura un cuadro de condicionamiento democrático que escapa de la agenda de discusión en virtud de cierto adormecimiento general, de alguna cobardía política y tal vez del mismo esquema de medios que difícilmente se denuncie a sí mismo.
Según Halle, se ha llegado a una situación límite. “Nunca ocurrió lo que está sucediendo ahora”, se indigna el jefe municipal. Pasa a enumerar. Afirma que los diarios de Paraná no le publican ni siquiera las solicitadas pagas, que los periodistas tienen la orden de no mencionarlo en las crónicas y que en las redacciones operan comisarios políticos. Sostiene que la inversión publicitaria oficial asciende a cifras siderales y calcula que el costo de los avisos gubernamentales, de extenderse en el tiempo, equipararía el mismísimo valor de las empresas que los publican. El aparato de propaganda, se queja, es inmenso.
En rigor, una mirada crítica del funcionamiento de los medios en la provincia de Entre Ríos debería añadir un par de elementos no explícitamente mencionados por quienes, en el fragor de la campaña, advierten las distorsiones del sistema. A través de empresarios cercanos, el gobierno ha tomado el control directo de tradicionales empresas periodísticas. Es el caso de El Diario de Paraná, donde una parte de la familia Etchevehere apenas si controla un porcentaje minoritario de las acciones. La gravitación oficial en la determinación de los contenidos mediáticos se refuerza con la administración de las radios estatales que dependen del poder central. Salvando momentos excepcionales, las emisoras públicas radicadas en Entre Ríos se han comportado como meras dependencias burocráticas. El Estado, principal inversor publicitario, dispone además de mecanismos diversos para disciplinar a pequeñas empresas de comunicación –emisoras de baja potencia, por ejemplo– cuya suerte depende en gran medida de los avisos del gobierno.
Así, lo que denuncia el intendente Halle, hoy víctima, es en efecto un cuadro que salta a la vista y que se agudiza porque el esquema de precarización laboral y trabajo en negro que impera en el sector desalienta las rebeldías de los trabajadores, que cuando no participan de los beneficios del sistema están relativamente limitados en sus posibilidades de combatirlo. De esta suerte, la sacrosanta libertad de expresión está fuertemente condicionada. No es menor, a los efectos del diagnóstico, un detalle que admite el gobierno provincial: al momento de difundir sus acciones y definir sus políticas, las autoridades provinciales no han encontrado obstáculo alguno entre los operadores del sistema de televisión por cable. Por tanto, no es al Grupo Clarín, al menos en Entre Ríos, a quien se le pueden adjudicar los desequilibrios de la comunicación más inmediata.
(Más información en la edición gráfica de ANALIS de esta semana)
