S. M.
Criticada duramente por los organismos de derechos humanos, la denominada “ley antiterrorista” pasó sin pena ni gloria por el debate político entrerriano, a pesar de que la diputada nacional entrerriana Rosario Romero (PJ) fue una de las protagonistas encabezando su defensa en la cámara baja. A nivel nacional fue ampliamente tratada por los medios, así como rápidamente olvidada, por estas tierras sin pena ni gloria.
El derrotero de esta norma se puede comenzar a contar por varias puntas. Pero haciendo alusión a las propias palabras de la diputada Romero, “este es un tema difícil y largamente postergado en el parlamento argentino. La iniciativa del Poder Ejecutivo satisface las expectativas del pueblo argentino y los compromisos internacionales asumidos contra la financiación del terrorismo”, dijo.
El apuro, en rigor, lo tenía el propio Presidente Néstor Kirchner (PJ), que en febrero fue advertido por los delegados de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo que investiga el lavado de dinero en el mundo. La idea de estos representantes era que ante el incumplimiento de sus recomendaciones -entre ellas sancionar la ley que castigue el financiamiento del terrorismo- iban a realizar un pronunciamiento público para advertir que Argentina no cumplía las normas internacionales. Esto obstaculizaría todo tipo de operaciones comerciales con el mundo. Pero la sangre no llegó al río. La fecha tope fue establecida para el 27 de junio, cuando en París se convocara el GAFI con el objeto de rever la situación de nuestro país.
En tiempo récord, el 13 de junio pasado, la Cámara de Diputados de la Nación finalmente cerró el moño y aprobó el proyecto por mayoría, convirtiendo en ley la controvertida legislación. Anteriormente, el 6 de junio, la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación había dado media sanción al proyecto de ley antiterrorista que fuera enviado el 20 de diciembre de 2006 por el Poder Ejecutivo Nacional.
La votación se cerró con 51 votos a favor. Vilma Ibarra (Ciudad de Buenos Aires - Partido de la Victoria) fue quien realizó la defensa pública del proyecto junto con la su impulsora, Cristina Fernández de Kirchner (Buenos Aires - Frente para la Victoria). En una velocidad que no caracteriza precisamente a los legisladores, el trámite fue girado el mismo día a la cámara baja. Y en las primeras horas del día siguiente, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados comenzó a juntar firmas para un dictamen favorable para el proyecto que crea la figura penal de “asociación ilícita terrorista” y penaliza la financiación del terrorismo.
En este trabajo, fue precisamente diligente la labor de la diputada Romero, titular de la comisión y quien abrió el debate en Diputados. A pesar de que la sesión abrió si quórum, finalmente obtuvo 102 votos del kirchnerismo, los alineados al ex ministro de economía Roberto Lavagna y la Unión Cívica Radical (UCR). La norma contó con 35 votos en contra del macrismo, la Afirmación para una Republica Igualitaria (ARI) y el socialismo.
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