Silvio Méndez
(desde Santa Fe)
ANALISIS acompañó a un grupo de voluntarios que en estos días lleva la única asistencia a las personas que aún permanecen en los techos de las casas inundadas en Santa Rosa, uno de los barrios más populosos de Santa Fe. Junto con Chalet y Centenario, esta zona es de las más afectadas por el avance de las aguas desatado hace una semana. Con la memoria adormecida pero latente de la gran catástrofe hídrica de 2003, la ciudad se ve convulsionada de distinta manera. Ante la falta de previsión, orden y disposición del gobierno, así como la indiferencia de un gran sector de la población, algunas organizaciones civiles se agruparon para coordinar ayuda y apoyo de diverso orden. Pequeñas historias y loables actitudes se entretejen en un escenario devastador.
Invitado por un grupo de entidades no gubernamentales autoconvocadas para asistir en la emergencia desatada por las inundaciones en la ciudad de Santa Fe, ANALISIS recorrió uno de los sectores más afectados por las aguas.
Atravesando en embarcaciones livianas las calles por el corazón del Barrio Santa Rosa de Lima, se llegó al límite más lejano al oeste de la ciudad, donde se alza el antiguo terraplén. Al cierre de esta edición, a casi una semana de comenzar el anegamiento por las lluvias, las últimas viviendas de la zona estaban cubiertas por más de dos metros de agua. En el lugar, rodeados como por un estanque helado y fétido, innumerables personas permanecen en los techos cuidando sus pertenencias sin que les llegue ayuda oficial.
Solamente son apoyados por familiares y organizaciones no oficiales que se han agrupado para coordinar acciones y acercarles algún tipo de asistencia.
A casi cuatro años de una de las inundaciones más siniestras que padeció la capital santafesina, la historia comenzó a repetirse a mediados de la semana pasada. Esta vez, a raíz de las intensas lluvias, los barrios más olvidados del oeste y suroeste comenzaron nuevamente a ahogarse por la acumulación de agua. Y a pesar de las promesas y esta nefasta experiencia para prevenir este tipo de emergencia, la administración de gobierno no pudo prever el desastre y ni tan siquiera llega aún a poder auxiliar a todos los afectados. Las paradojas son muchas y extrañas en una ciudad a la cual el desborde del río Salado le cambió la historia para siempre en abril de 2003. Una situación que afectó la vida de más de 180.000 personas directamente, y a toda la población en general, pero que aún no parece tener impacto. Si bien ahora los tocados por las aguas son algo menos, en estos días el 40 por ciento de la urbe llegó a estar sin energía eléctrica entre 24 y más de 72 horas. Como un boxeador grogui por los continuos golpes, la gran mayoría no parece reaccionar del reciente cimbronazo.
Mientras en los suburbios la gente hace como puede para salvar sus petates y enseres, en el centro muchos esperan atrincherados a que vuelva la luz. Mientras unos se autoevacuan -un término que oficializó el gobierno reconociendo su inoperancia-, algunos se pasean indiferentes o pueblan las veredas en los bares sobre Bulevar Gálvez. Hay como una sensación que se impone donde la hecatombe ácuea sería una condición de la naturaleza, y sus consecuencias, esperables, como parte de la normalidad. En esa línea, desde las oficinas estatales se trata de justificar el porqué no lograron prevenir el problema y no logran contener ni asistir a los damnificados. Pero si bien se puede describir un clima de indolencia, algunos grupos han logrado organizarse para sostener una tarea solidaria. Uno de ellos, conformado por grupos políticos, gremiales, estudiantiles, clubes, movimientos de base y particulares comenzaron a realizar distintos trabajos ni bien irrumpieron las aguas.
Básicamente recolectan donaciones y asisten a la población que permanece cuidando sus casas en zonas completamente inundadas en los barrios Chalet, Santa Rosa y Centenario. Además, se han conformado brigadas para la recreación de los niños que permanecen en los centros de evacuados y tratan que se les ayude con elementos y comida a familias de autoevacuados que no son reconocidos por el gobierno. Para entrar en la categorización gubernamental, hay que sortear una maraña de trabas burocráticas, donde se solicitan listados, números de documentos, teléfonos y la previa visita de un asistente social.
Quienes no ingresan en ningún registro y carecen de toda ayuda oficial son los que permanecen en los techos. A ellos va destinado mucho de lo recogido de diversa forma, y se lo hace llegar transportándolo en piraguas que diariamente salen hacia las zonas bajo agua.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
