Silvio Méndez

Diez familias de pequeños productores están al borde de ser expulsadas del campo La Atalaya -departamento Victoria-, ya que no le serían renovados sus contratos de arrendamiento. El manejo del predio, cuyo antiguo propietario legó para que se realizara beneficencia, está a cargo de una comisión que integran el Ejecutivo Provincial, la Municipalidad de Gualeguay, el Hospital San Antonio y el Hogar de Menores San José de esta misma localidad. La mayoría de los administradores pretende elevar la alícuota de los terrenos, mientras el gobierno entrerriano quiere acercar posiciones a la oferta de los labriegos que podrían realzar al 30 por ciento el canon. Un conflicto tras el cual se oculta un gran negocio, el manejo poco claro de quienes disponen de los fondos para la caridad, el acecho de grandes pools de siembra que apetecen los terrenos para el monocultivo de soja y la sombra de quienes aspiran a recuperar la propiedad como herederos naturales.

La semana pasada se conoció por distintos medios gráficos de la provincia el conflicto desatado a partir de las intenciones de una sociedad de beneficencia de Gualeguay de desalojar de su campo de trabajo a un grupo de pequeños labriegos. El predio en cuestión, de 3.240 hectáreas de extensión, está ubicado sobre la ruta provincial 11 en el distrito Pajonal, departamento Victoria. Los terrenos de La Atalaya pertenecen a una zona privilegiada de Entre Ríos, ya que su suelo es muy rico para la producción agrícola. El problema presentado como una discusión por el canon para la renovación de los contratos de arrendamiento, en realidad entraña una trama de intereses ligados al uso, usufructo y ocupación final del campo, no ajena a intereses económicos privados con derivaciones en la política vernácula. En tanto, en el medio, se juega la vida diaria de una decenas de familias rurales que desde hace décadas viven en el lugar y pueden quedar de un día para otro sin nada, con las manos vacías y a la intemperie.

El campo de La Atalaya perteneció a Bartolomé Vasallo, un médico de la ciudad de Gualeguay que lo dejó como herencia para que, por su arrendamiento, se pueda lograr un fin benéfico. Lo procedente por este concepto es destinado al Hospital San Antonio de la ciudad de Gualeguay, al Hogar de Menores San José de la misma localidad y a la Municipalidad local. La administración del legado está a cargo de una comisión en la que participan distintos representantes de las instituciones beneficiadas, y es la encargada de suscribir las condiciones de los contratos con los colonos que viven y trabajan en el lugar, así como otros grandes arrendatarios que ya explotan otras fracciones. Según el cargo del legado Vasallo, de las rentas que se generen, un 50 por ciento debe ir al nosocomio, un 25 al orfanato y el restante 25 por ciento a la comuna. La particularidad es que el Ejecutivo entrerriano comparte la representación con la Cooperadora del Hospital a partir de que, a fines de la década del 40, la provincia se hiciera cargo del centro sanitario y con ello el 50 por ciento de la propiedad con la cual se obtiene la beneficencia.

El conflicto

El principio del dilema en cuestión partió porque el 30 de junio último se venció el contrato de alquiler de un grupo de pequeños productores que trabajan parte del predio, unas 1.000 hectáreas divididas en parcelas cuyas extensiones varían entre 35 y 135 hectáreas. En contactos previos al término del plazo, algunos miembros de la Comisión Administradora habían adelantado las intenciones de cambiar el concepto y monto del nuevo canon para la renovación de los acuerdos. Lo que se pagaba por semestre adelantado del período julio de 2002 a junio de 2005 equivalía a 100 kilos de trigo, más 100 kilos de maíz, más 100 kilos de soja, que hacían una suma de 123 pesos por hectárea. La nueva tasa propuesta para la prórroga fue fijada en nueve quintales de soja anual (un quintal es igual a 100 libras o 46 kilogramos), que ascendería la cuota, según distintos cálculos, al doble o más según la cotización en el mercado de Rosario. Ante esta situación, los agricultores enviaron una carta a la Administración exponiendo su realidad. Se trata de familias que tienen algunas más de 50 años de vida y trabajo en ese lugar. Asimismo, se explicó que las superficies de sus predios, en términos de productividad como unidades económicas, no podrían ser equiparadas a los grandes pools de siembra. En este sentido, expresaron que la propuesta de desembolso económico para asegurar la continuidad era excesiva y, como contraoferta, plantearon incrementar en un 30 por ciento más su pago, correspondiendo a 130 kilos de maíz, 130 kilos de trigo y 130 kilos de soja por hectárea. Este ofrecimiento, sin embargo, fue rechazado por la Comisión Administradora, que aseguró que al no renovar el contrato en sus términos, correspondería el abandono o desalojo de los terrenos. En las últimas conversaciones del martes, al cierre de esta nota, se plantearon otras opciones para los productores. Los administradores pretendían un canon entre ocho a nueve quintales para los potreros de mejor calidad ubicados sobre la ruta, decreciendo a seis para los de menor valor y más alejados. El gobierno, por su parte, quería un máximo de 6,6 por hectárea por año en los superiores además de tener en cuenta a los pequeños productores. Por otra cláusula se buscaba a su vez la protección de los suelos y seguimiento de cada una de las parcelas. Igualmente, se conocía el ofrecimiento de grandes latifundistas dispuestos a pagar la suma solicitada originalmente.

Cabe destacar en este punto que la nueva proposición de los administradores no sólo modifica el monto general del canon, sino el concepto por el cual se lo mide. Algo que parecería lógico si se tratara del usufructo liso y llano, pero que no deja de ser llamativamente arbitrario pensando que, en teoría, se persigue un fin filantrópico. En este sentido, es de subrayar que el campo en cuestión representa la única fuente de subsistencia para las familias involucradas que pretenden seguir en el lugar pagando un precio justo, tal como lo hicieron sus ancestros. Entonces, les resulta insólito que miembros del Consejo y representantes de instituciones estatales lleven a este término la situación. Además, no es menor que los cánones fijen los límites para el fomento de un tipo de cultivo que tiende a la sobreexplotación a la tierra por el monocultivo de soja, definiendo una cultura agrícola contraria al arraigo y preservación de los pequeños productores y a favor de la expansión de los grandes pooles de siembra. Igualmente, hay que tener en cuenta que los intereses no son pocos, ya que la transacción en promedio por el negocio global puede arrojar -según los parámetros esbozados para el pago del alquiler- una suma aproximada a 1,2 millones de pesos por año, de los cuales no está del todo claro su destino final.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)