Luis María Serroels

Maurice Duverger definió la Constitución como un texto jurídico superior a todos los demás que se derivan de él y gracias a él poseen validez. Y este concepto, ciertamente, está presente en el mundo desde que el hombre decidió vivir en comunidad.

Sólo porque los políticos en general -y especialmente quienes han cumplido roles de gobernantes- acostumbran a no hacerse cargo de nada, nuestra Constitución de Entre Ríos, gran contrato social que nos viene rigiendo desde 1933 y por ende regulando el ordenamiento jurídico del Estado, permanece inmutable, privada de toda posibilidad de aggiornamiento y adecuación a las necesidades y demandas propias del correr de los tiempos.

Triste espectáculo el que la ciudadanía viene observando desde hace 21 años en que los partidos mayoritarios se declaran reformistas o anti-reformistas según ocupen la conducción circunstancial del gobierno. Eufóricos transformadores institucionales cuando son gobierno; enérgicos para decir no cuando son oposición, en un enroque tan reprochable del cual el gran ajedrecista José Capablanca seguramente no se sentiría orgulloso.

El radicalismo supo plasmar sendas reformas en varias provincias, incorporando la reelección donde el partido era gobierno, para lo cual necesitó de la anuencia del justicialismo. De hecho, el Pacto de Olivos, suscripto por Carlos Menem y Raúl Alfonsín, por el cual se llegó a la reforma de la carta nacional en 1994, obligó a aceptar a libro cerrado un núcleo de coincidencias donde no sólo se incorporó la reelección, sino que se consagró un ballotage sui generis que instaló porcentuales a la medida de los intereses menemistas.

Pocos recuerdan que el rechazo de Sergio Alberto Montiel a esa reforma, postura sostenida sin dudas por el control partidario provincial, significó para el radicalismo entrerriano la pérdida de nada menos que 100.000 votos respecto de los comicios anteriores, para el Comité Provincial la intervención desde Buenos Aires que desalojó a Antonio Boleas y, lo peor, funcionalmente para el justicialismo, una victoria tranquila (cinco convencionales del PJ, tres de la UCR, dos del Modín y uno del Frente Grande fue el resultado de aquella compulsa).

La postura contradictoria esgrimida hoy por el ex gobernador, cuya vocación reformista parece haberse borrado como cosmética barata, lo vuelve a situar en una rebeldía que tantos perjuicios provocó al partido hace 11 años.

La peregrina postura de que "no están dadas las condiciones ni la oportunidad" (¿cuándo lo estarán, realmente?) suena incomprensible, porque cuando la dirigencia del centenario partido apoyó y participó de las elecciones constituyentes nacionales del 28 de julio de 1957, donde logró imponerse, ¿era correcto y oportuno hacerlo con varios millones de argentinos proscriptos? Allí la UCR del Pueblo (de Ricardo Balbín) obtuvo 2.106.524 votos y la UCR Intransigente (de Arturo Frondizi) 1.847.603. Pero el peronismo, que a instancias del líder derrocado en 1955 había optado por votar en blanco, hizo que este mecanismo, otrora ubicado en guarismos casi despreciables, alcanzara la captación de nada menos que 2.115.861 adhesiones (semejante oportunidad sólo se repetiría para el radicalismo en julio de 1963 con el peronismo nuevamente proscripto).

Caso curioso: a pesar de registrar menos votos, el frondicismo consiguió 77 representantes, dos más que la UCR. Y además, los ucristas, que se oponían a esta reforma, se retiraron del recinto de la Convención el mismo día de su iniciación, siguiéndole en la decisión otros partidos menores hasta que el 14 de noviembre de 1957 la asamblea se disolvió. Días antes había logrado incorporar el artículo 14 bis que, no obstante su indiscutible avance y trascendencia, fue todo lo que dejó aquel acto.

Hoy en nuestra provincia no hay Pacto de Olivos II a la entrerriana, como alguien sugirió. Existen intentos frustrados en los que siempre surge una chicana entre los protagonistas, sean las cúpulas dirigentes o las representaciones legislativas en el juego de mayorías y minorías.

Y ése es el gran tema: porque amén de no hacerse cargo de sus pecados políticos (que los han cometido y muchas veces), nuestros gobernantes alternativos simulan vocación por abrir el juego a todo el abanico ciudadano en sus entidades más representativas, pero al final terminan obrando como si fuera cosa exclusiva de ellos.

La actitud radical -que admítase o no está motivada principalmente por un verdadero pánico a la continuidad de Jorge Busti sin reconocer que la última y desastrosa gestión montielista fue la mejor llave que el PJ necesitaba para estar donde y como está hoy-, se aproxima a una virtual extorsión.

Y lo peor es que el principalísimo responsable de las dos últimas hecatombes electorales, en sociedad con una conducción partidaria que le dio rescoldo a cada uno de sus desatinos, aparezca nuevamente en escena dando clases de constitucionalismo y, además, enrostrando al gobierno bustista males, vicios, horrores y malas costumbres que fueron eje distintivo del gobierno anterior (1999/2003).

Se plantean como moneda de cambio, exigencias sobre materias que los quejosos de hoy no supieron o no quisieron solucionar. Fue tal el desastre político, económico, financiero y social (cuyas pruebas hemos citado en diversos artículos), con claras violaciones a las constituciones nacional y provincial, que proclamar el no a la reforma aduciendo falta de respuestas del partido gobernante más que un compromiso con la sociedad parece una broma para Marcelo Tinelli.

¿Qué ocurriría (aplicando un generoso ejercicio imaginativo) si el oficialismo decidiera "darle el saque" a la UCR para que decida desde sus propios criterios qué cosas sí y qué cosas no deberían ser reformadas? ¿Y que indique los nuevos institutos y preceptos que deberían agregarse como fruto de un serio y desapasionado análisis y desde la inteligente visión de lo mejor de las mejores cartas provinciales ya modificadas? En tal caso, ¿qué nuevas chicanas se inventarían?

Una clara renuncia de Busti a ser reelecto o el compromiso de incluir una cláusula para que toda reelección sólo sea posible mediante la mitad más uno de los votos y que de no ser así se fije una segunda vuelta, ¿le sacaría al radicalismo su actual tozudez? La Carta Orgánica radical estableció que en sus internas todo candidato a repetir debía obtener la mitad más uno de los sufragios. Pero en 1987 y como César Jaroslavsky, entonces diputado nacional e importante espada política de Raúl Alfonsín, no alcanzó ese porcentual, se reformó tal cláusula con efecto retroactivo para satisfacer los deseos presidenciales.

Son tan pobres los argumentos utilizados hoy, que no resisten el menor debate. Los elementos que nos propone la realidad de estos días, donde se quiere maquillar el miedo bajo demandas que bien pueden ser una saludable expresión de anhelos por otros carriles de participación pero jamás herramienta estratégica desde el forzamiento coactivo, constituyen un agravio que la propia masa de afiliados a la UCR no se merece. Agravio que se extiende a toda la sociedad cuando se subestima su capacidad a la hora de poner lindes al contenido de la reforma para evitar abusos hegemónicos.

Nuestro señero estatuto constitucional, alumbrado el 18 de agosto de 1933 por obra de lúcidos convencionales (radicales en su mayoría), le pertenece a cada uno del millón trescientos mil entrerrianos y también, por qué no, a los que irán naciendo en las próximas décadas.

Un puñado de dirigentes de bajo vuelo y escasas luces no tiene el menor derecho de subrogar a toda una sociedad cuya opinión desconocen simplemente porque no la quieren escuchar.

Solamente en un mundo ficticio, en el que algunos se sumergen con inexplicable esquizofrenia política, puede concebirse tamaña falta de grandeza. Aunque no se puede soslayar que una nueva debacle electoral convertiría a los convencionales de la UCR en espectadores privilegiados de la futura convención. Claro que en política también cabe aquella sentencia de que quien se quema con zapallo, hasta la sandía sopla...