A tan solo una semana de que finalice la concesión de la operadora privada que integran el grupo belga Jan de Nul y la local Emepa en el manejo de la hidrovía Paraguay-Paraná, el Ministerio de Transporte y la Administración General de Puertos (AGP) suscribieron el nuevo contrato de concesión para que la AGP mantenga la vía troncal hasta que se adjudique la licitación de largo plazo por el dragado, balizamiento y cobro del peaje de la vía fluvial.

De esta manera, la administración de Alberto Fernández formalizó la entrada en juego del organismo portuario a partir del 11 de septiembre. La AGP asumirá la concesión temporaria y la recaudación de los peajes de la vía fluvial por la que se traslada el 80 por ciento del volumen del comercio exterior argentino.

La concesión de AGP tendrá una duración inicial de 12 meses, que se podrá prorrogar hasta la toma de posesión del nuevo operador privado que surgirá de la licitación internacional que debe llevar adelante el próximo año el flamante Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable creado el 25 de agosto pasado bajo el ámbito del Ministerio de Transporte.

El Ente contará con la participación de las siete provincias ribereñas, un suceso que no ocurrió en los últimos 26 años. Dicha medida, que se originó hace un año como resultado directo de la conformación del Consejo Federal Hidrovía, tiene como principales finalidades llevar adelante la licitación, el cuidado ambiental, proteger a todos los usuarios y usuarias, resguardar los bienes de dominio público y privado del Estado Nacional, y fiscalizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, cuestiones ambientales y económico-financiero de la concesión de obra pública para el desarrollo de las tareas de modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la vía navegable troncal, publicó el diario Página/12.

La AGP no tiene previsto realizar transformaciones estructurales, asumiendo su rol de transición a un contrato a más largo plazo. Sí se encargará de licitar a las empresas que deberán hacer el dragado y balizamiento. Dados los breves plazos con los que cuenta el organismo, las autoridades de la AGP comenzaron a adelantar negociaciones para concretar las adjudicaciones antes del viernes próximo. Es que con la histórica bajante del río el gobierno no tiene mucho margen para pausar el mantenimiento.

Si bien aún no está definido, las obras de dragado quedarían en manos del grupo Jan de Nul que cuenta con vasta experiencia y maquinaria específica en el lugar. Para el balizado, la alternativa pasa por la contratación de una UTE de compañías locales que no incluye a Emepa, la empresa que forma parte de la actual concesionaria. Suenan Pentamar, Hydra y Sade Electromecánica, que operan ese servicio en los puertos de Buenos Aires y Bahía Blanca.

En cuanto a las 800 personas empleadas que tiene la concesionaria saliente, el organismo portuario “deberá exigir como obligación a sus contratistas la incorporación de dicho personal”. Además, tanto la plantilla de la AGP como el personal que deberán incorporar los contratistas no podrán guardar relación laboral de ningún tipo con la cartera de Transporte.

Una de las decisiones que puede llegar a tomar el organismo tiene que ver con el cobro del peaje. En principio se mantendrá igual, pero lo cierto es que la tarifa actual se encuentra un 30 por ciento arriba del promedio mundial, y el Estado tiene la posibilidad de bajarlo al restarle ese margen de ganancia que persigue la empresa privada.

Con respecto al control de tráfico y carga, la AGP no tiene incidencia y seguirá estando a cargo de Prefectura Naval y Aduana, respectivamente.