De ANÁLISIS DIGITAL

ANÁLISIS DIGITAL dio a conocer este sábado que la casa donde viven Varisco y Acevedo, en calle Echagüe 842 en Paraná, tenía una conexión clandestina al servicio eléctrico. Fue luego de que se presentará una denuncia ante la Unidad Fiscal de Atención Primaria de los Tribunales locales, después de que, el miércoles a la tarde, una cuadrilla de la Empresa de Energía de Entre Ríos (Enersa) detectara la irregularidad mediante una inspección en el lugar que se realizó en presencia de personal policial de la Comisaría Segunda. Estar “colgado” de la luz configura el delito de “hurto de energía eléctrica”. Y en esta situación la pareja está desde el 11 de agosto de 2017, cuando alquilaron la propiedad.

Recién el viernes, una vez conocida públicamente la situación, que incluso tuvo repercusión en medios nacionales, Varisco tramitó formalmente ante Enersa el alta legal del servicio de energía eléctrica, presentando el contrato de locación correspondiente. Fue luego de estar 19 meses en situación irregular, sin abonar nunca ninguna factura en concepto de suministro de energía en todo ese tiempo. Ya está instalado en el domicilio el medidor correspondiente, a nombre de Varisco y ahora sí comenzará la pareja a recibir las facturas y abonar el servicio como cualquier vecino de la ciudad.

En horas posteriores a la difusión pública de la inconcebible situación, Acevedo formuló declaraciones sobre el tema. Pese a la profusa evidencia, negó que la casa tuviera una conexión irregular y sostuvo que se trata de “una operación de prensa propia de este tiempo pre electoral”. También intentó despegar al intendente al decir que fue ella quien alquiló el inmueble y sostener que la vivienda particular de él es en la histórica casa de la familia Varisco, en calle Pellegrini en Paraná. “Él estuvo en esta casa (de calle Echagüe) haciendo parte de la recuperación de su salud tras la intervención quirúrgica que se le practicó en diciembre en la Fundación Favaloro”, minimizó.

Documentación a la que accedió ANÁLISIS DIGITAL muestra contradicciones con los dichos de la concejal. En el contrato de locación del inmueble con destino a vivienda de la casa de calle Echagüe, suscripto el 11 de agosto de 2017 y con vigencia hasta la misma fecha de este año, es Sergio Fausto Varisco quien figura como “locatario” e “inquilino”, declarando domicilio en calle Millán 40. Claudia Inés Acevedo, en tanto, aparece como “garante”, declarando domicilio en calle Lavaisse 942, junto a Silvina María del Luján García, domiciliada en Perón 534. “Ambas acreditando solvencia con sus respectivos recibos de haberes y constituyéndose en fiadoras lisas y llanas y principales pagadoras por todas y cada una de las obligaciones asumidas por el locatario”. La casa fue alquilada a los locadores Nicolás, Alejandra y Nora Avellaneda, en representación de Carolina Avellaneda.

En el contrato se detalla que el inmueble consta de un garaje en planta baja que comunica hacia una escalera que va a un primer piso, donde se encuentran el resto de las dependencias: un comedor, una cocina y tres dormitorios -uno con baño en suite-, más un baño principal, un patio, un quincho y una terraza.

En una de las cláusulas se obliga al locatario a “mantener en buen estado y en funcionamiento los servicios de gas, electricidad, agua corriente y cloacas”. En otra, la octava, se especifica que el inquilino "se hace cargo de afrontar los pagos de los servicios de electricidad, gas natural, teléfono si hubiera, tasas municipales e impuesto inmobiliario”. También se precisa allí que, “previo a la devolución del bien, se deberán presentar comprobantes de todos los pagos enumerados” y se señala que “no se solicitará el corte de luz y gas hasta ser inspeccionado el inmueble por el locador”.

El alquiler pactado fue de 13 mil pesos en los primeros meses, para luego pasar a 14.950, posteriormente a 17.192 pesos y, desde el 11 de enero de este año, a 19.771 pesos, hasta la finalización del contrato, pautada para el 11 de julio de 2019.

De ninguna parte del contrato se desprende que la casa ya hubiera contado con luz al momento del alquiler, como aseguró Acevedo, quien dijo que ella alquiló una vivienda con el sistema de electricidad ya instalado. Incluso, a mano, se incorporó una leyenda que establece que “se autoriza a la señora Claudia Inés Acevedo a realizar las tramitaciones para servicios de electricidad y gas y todo otro que pudiera corresponder”.

En síntesis, aunque pasaron 19 meses desde que alquilaron la vivienda, no consta en Enersa reclamo alguno por parte del inquilino ni de la garante respecto a que no les llegaban las facturas de la luz como a cualquier vecino. Tampoco existen en los registros de la empresa proveedora emisión de facturas respecto del inmueble, incluso de antes de que la pareja alquilara.

A la notificación de la denuncia penal -realizada por el abogado de Enersa, Javier Francisco Toyé- no la recibió la concejal ni Varisco, sino una empleada, quien pidió “por favor” a los obreros que no dejaran sin servicio a la vivienda, pero de todos modos se procedió al corte del servicio. En principio, la denuncia se hizo contra autores desconocidos, porque no había registro del morador de esa casa, pero después se comprobó que el inquilino era Varisco y, por ende, será quien tendrá que dar las respuestas del caso. Recién en esa instancia, el contrato de locación llegó a Enersa, se realizó el trámite para el alta del servicio, que quedó a nombre del intendente, y se colocó en la casa el medidor correspondiente.

Ahora desde Enersa se trabaja para determinar cuál fue el consumo de energía que se registró en la vivienda en el período de 19 meses en el cual, al menos, deberían haberse recibido 9 facturas bimestrales.

Cabe recordar que Varisco está procesado por ser parte de “actividades de comercio de estupefacientes" en connivencia con Daniel “Tavi” Celis, conocido jefe narco de la capital entrerriana, detenido desde 2016 por el robo a una estancia. La investigación es conducida por el juez federal Leandro Ríos y están procesados, entre otros, el intendente, el concejal Pablo Hernández, la funcionaria Griselda Bordeira y el empleado municipal Alan Viola, los tres últimos cumpliendo prisión preventiva. La causa ya fue elevada a juicio.

Varisco ya fue intendente de Paraná entre 1999 y 2003 y se postula para una nueva reelección en el mismo cargo. También se desempeñó como diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) y fue candidato a gobernador en 2003.

Garante del alquiler y jueza criticada

Quien aparece como garante del alquiler junto a Acevedo es Silvina María del Luján García, quien se desempeñó como jueza interina a cargo del Juzgado de Faltas Nº 3 de Paraná. Las primeras críticas que surgieron hacia su persona fueron por la falta de arraigo a la ciudad, debido a que está mucho más vinculada, incluso familiarmente, con la ciudad de Santa Fe dado que su esposo, el ingeniero Oscar Hugo Pintos, es presidente del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios de la vecina capital provincial.

Hubo dos medidas adoptadas por la jueza que generaron fallos adversos para la Municipalidad de Paraná. En primer lugar, la orden de cerrar un local bailable en la zona del Thompson, llamado Versalles, sin haber otorgado la posibilidad de descargo a la defensa, lo cual hizo que trascendiera un recurso de amparo de ese sector privado y, por tanto, que se caiga la posibilidad de una medida por vicios en el proceso de la adopción de la medida, según entendió la Justicia.

El otro hecho que motivó una situación adversa para la Municipalidad fue la designación que la propia jueza digitó para sí, de modo de ascender desde la categoría 43 a la 47, dentro del escalafón municipal. Lo que ocurrió con esa medida es que, detrás del planteo se sucedió el malestar primero y el reclamo después de los jueces de falta Amado Siede y Reinaldo Barbagelata, quienes hicieron valer el principio de “igual función, igual remuneración”. Desde algunos ámbitos del Departamento Ejecutivo Municipal se criticó la medida de la jueza García.

Pero la crítica más severa estuvo dada por el proceso de concurso para la designación en el cargo, del que tomó parte en el armado la concejal Claudia Acevedo y el subsecretario de Modernización, Fabián Carbajal, ambos allegados a la doctora García, según llegaron a advertir en algunos ámbitos municipales. Las irregularidades y las sospechas llevaron a que dos integrantes del tribunal evaluador, la secretaria de Modernización, Ana Sione, y el abogado municipal Walter Rolandelli, abandonaran el jurado evaluador. En ambos lugares fueron designados la abogada y concejal de Cambiemos en Feliciano, María Elena Romero, y el abogado Miguel Aranguren, que es director político del Juzgado de Faltas.

El problema de falta de transparencia se agravó porque los otros aspirantes al cargo no contaron con el tiempo de recusar el tribunal, ya sospechado de amistad con la aspirante García. A eso se sumó el hecho de que no fueron convocados a participar del proceso ni el Colegio de Abogados de Paraná, ni la Universidad Católica Argentina, en su filial de Paraná, que dicta la carrera de Derecho en el medio local.

El reclamo de integrar a ambas entidades, la profesional y la universitaria, había sido formulado al intendente Sergio Varisco por parte del abogado Lisandro Amavet, actualmente al frente de la Dirección de Personerías Jurídicas de la provincia.

Algunos trascendidos en el ámbito municipal dieron cuenta de que la jueza interina se encargó de decir que el concurso era casi un trámite con resultado favorable para ella, y buscó desalentar la participación de otros concursantes abogados. “Lo hago yo, lo corrijo yo y lo gano yo”, le atribuyen a la jueza como dicho en referencia al concurso.

El clima generado motivó que la abogada Marisol Poidomani interpusiera un recurso de apelación jerárquico, a través del cual solicita que se deje sin efecto el concurso y se convoque a un nuevo proceso de selección con mayor transparencia y menos discrecionalidad personal y al tiempo que sea más participativo. El argumento fue la falta de notificación de la conformación del nuevo tribunal evaluador.